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La Contraloría detectó que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) habría realizado pagos por el alquiler de maquinaria pesada para ejecutar trabajos no requeridos, y que ya habían sido realizados por otros equipos en la quebrada León de Huanchaco, lo que originó un perjuicio económico de S/ 353 mil 100. Por este caso, el órgano de control pidió iniciar acciones penales y administrativas en contra de los involucrados.
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Los Hechos
Según el Informe de Control Específico N° 022-2021-2-0424-SCE, publicado el 25 de octubre último, el Órgano de Control Institucional de la comuna provincial revisó “la contratación del servicio de alquiler de maquinara pesada para el badén de la avenida Miguel Grau, en el sector quebrada León”.
El informe detectó que “la administración municipal reconoció supuestos servicios de maquinaria cuya necesidad no fue justificada, otorgando conformidad y pago por trabajos no requeridos”. Esto “ocasionó perjuicio económico por S/ 353 mil 100, así como la afectación al principio de legalidad y al correcto funcionamiento de la administración pública”.
La entidad advierte que el pago se hizo “por supuesta prestación de servicios de alquiler de 10 camiones volquetes y dos cargadores frontales”. No obstante, esto no tiene “justificación de la necesidad, toda vez que con anterioridad ya se había efectuado otras contrataciones, en mérito a los requerimientos N°007 y 009-2019-MPT/SGO, con las cuales, incluso, se sobrepasaron las horas máquina de camiones volquetes y cargadores frontales necesarias para la ejecución del citado badén”.
Otra observación que se detectó fue que para la elección de los proveedores de estos servicios de alquiler, “no intervino la Subgerencia de Abastecimiento como órgano competente de las contrataciones de la entidad”.
Responsables
La Contraloría, asimismo, el 1 de octubre último ofició al actual alcalde del municipio de Trujillo, José Ruiz Vega, para que disponga el inicio de las acciones legales y disciplinarias en contra de los responsables de estos presuntos pagos irregulares.
Es así que solicitó que se inicien acciones penales y administrativas en contra de los exsubgerentes Jorge Bringas Maldonado (Obras) y Paula Sánchez Murphy (Abastecimiento).
Sobre el primero, el órgano de control dijo que “en su condición de subgerente mostró interés en favorecer a los proveedores”. De Sánchez, en tanto, señaló que “en su condición de subgerente de Abastecimiento mostró interés en reconocer una deuda (…) a pesar de que tenía conocimiento que en tales prestaciones de supuestos servicios reportados por el subgerente de Obras no intervino la Subgerencia de Abastecimiento como órgano competente de las contrataciones en la entidad”.
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El órgano de control también pidió seguir acciones administrativas a los gerentes de Administración y Finanzas, José Mestanza Cuzco (ocupó cargo del 1 de febrero al 11 de setiembre de 2019) y María Campos Venegas (ocupó el cargo del 12 de setiembre de 2019 al 16 de enero de 2020). La misma acción disciplinaria se requirió para Fernando Calderón Burgos (gerente de Asesoría Jurídica) y Luis Estrada Chávez (gerente de Obras).
Más casos
Estos no serían los únicos alquileres cuestionados. En junio de 2020, regidores denunciaron presuntas sobrevaloraciones en la contratación de volquetes, tractores orugas y cargadores frontales que hizo el Servicio de Gestión Ambiental (Segat) durante la emergencia sanitaria.
