El caso Segat y la plaza de armas vuelven a poner en jaque a gestión municipal

Sindicato y regidores conminan a alcalde Elidio Espinoza a acatar recomendación de Contraloría de anular tercerización. Sobre la obra de la plaza, informe de control revela que hubo advertencias a autoridad
El caso Segat y la plaza de armas vuelven a poner en jaque a gestión municipal

El caso Segat y la plaza de armas vuelven a poner en jaque a gestión municipal

23 de Enero del 2018 - 09:21 » Textos: Omar Aliaga y Jhonatan Reyna » Fotos: Correo

Luego de unos días de paz general debido a la visita del Papa Francisco a Trujillo, la vida parece volver a la normalidad. Y dentro de esa normalidad vuelven al tapete, inevitablemente, los temas espinosos que afronta la gestión municipal que lidera el alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe, y que pasaron a un segundo plano en este fin de semana de fiesta espiritual.

Los casos que más han machacado la tranquilidad del alcalde provincial, y que tuvieron un paréntesis con la visita papal, son la llamada tercerización del Segat (Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo), cuya demanda de nulidad se ha tornado en verdad seria, y la recientemente inaugurada obra de mejoramiento de la plaza de armas, cuyos resultados no han dejado satisfecho a la mayoría y tiene incluso una indagación fiscal en cierne.

En ambos casos, cabe indicar, la Contraloría ha hecho sendas observaciones e informes que ensombrecen aún más su situación.

CONCESIÓN. Al pedido de que se suspenda el proceso de tercerización del Segat hecho por los regidores, así como a las observaciones presentadas por la Contraloría General de la República, que recomienda dicha nulidad del proceso, se suma ahora la investigación de la congresista de la República, Gloria Montenegro.

Ella se reunió ayer con los trabajadores del Segat para conocer de lleno la problemática de la tercerización. Además, dijo que recopilará toda la información respecto al proceso y lo presentará a la Contraloría para que inicie la investigación correspondiente.

Por su parte, el secretario del Sindicato de Trabajadores del Segat, Charles Paredes, indicó que la Contraloría les está dando la razón y que se tiene que declarar la nulidad del proceso, caso contrario los funcionarios municipales asumirían su responsabilidad.

“En el documento (de la Contraloría) dice que no se respetó los días de la integración de las bases para el concurso. Para empezar, no cuenta con la certificación presupuestal”, dijo.

Paredes aseguró que de no respetarse lo dicho por la Contraloría, habrían acciones penales en contra, tanto del alcalde Elidio Espinoza, como del gerente del Segat, Fernando Díaz.

Asimismo, con respecto a la huelga que tenía programada los trabajadores para el 18 del presente mes, dijo que la medida fue suspendida por respeto a la visita del Papa Francisco.

OTRA VEZ. Sin embargo, luego de sostener una reunión con los dirigentes, Paredes manifestó que se acordó que posiblemente el día 26 o 27 del presente los trabajadores acaten una nueva huelga.

“La totalidad de los trabajadores va a acatar la medida, los 943 trabajadores paralizarán sus labores”, expresó.

Además, se sumó al pedido de otros regidores en el sentido de que el gerente del Segat renuncie a su cargo por su “incapacidad demostrada”.

En tanto, el regidor provincial Edward Berrocal recordó que en sesión de concejo se recomendó al alcalde que se suspenda el proceso de la tercerización. “Nosotros detallamos algunos puntos que resultaban siendo los vicios legales, como lo está señalando la Contraloría en cuestión de los plazos. No se cumplió con el procedimiento legal”, indicó.

Para el regidor, lo expresado por la Contraloría es puntual, por lo que el proceso no se debe retrotraer, sino anular la buena pro y realizar una nueva convocatoria. Dijo que el responsable es el alcalde y él tiene que coordinar y tomar la decisión para hacer las medidas correctivas.

LA PLAZA. El caso de la obra de la plaza de armas también ha dejado una serie de cuestionamientos. Como se conoce, existe una denuncia en la Fiscalía hecha por los regidores, por la presunta sobrevaloración de los trabajos.

Pero ahora, la congresista Gloria Montenegro, muy activa ayer en Trujillo, ha anunciado que pedirá la intervención de Contraloría.

Sin embargo, dicha entidad ya le había puesto el “ojo” a estos trabajos desde el inicio. Correo tuvo acceso a un informe de acción simultánea de la Contraloría Regional, efectuado a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), entre el 28 de agosto y el 25 de setiembre de 2017, a la obra denominada “Mejoramiento de los servicios turísticos de la plaza mayor de Trujillo, centro histórico, provincia de Trujillo - La Libertad”.

Dicho informe se elaboró, como señala el documento, con el objetivo de determinar si los actos para esta obra se desarrollaban de acuerdo a ley.

Así, tras revisar el expediente técnico, el contrato, las bases y otros documentos correspondientes, el órgano de control concluyó que había situaciones de riesgo en el proyecto, y lo sustentó en cinco conclusiones.

En primer lugar, señala que “el expediente técnico de la obra contempla la utilización únicamente de concreto para la construcción de sardineles; no obstante, durante el proceso de demolición de la obra preexistente, se evidenció que en algunos tramos, además del concreto, se encontraban revestidos con un material distinto, poniendo en riesgo la conservación de su originalidad histórico arquitectónico”.

En el segundo punto, indica otras deficiencias del expediente técnico, “al no definir explícitamente todos los trabajos a ejecutarse en relación a la instalación y utilización de tableros eléctricos, así como a la construcción de juntas en piso de concreto, poniendo en riesgo la calidad de la misma, así como la generación de mayores costos en su ejecución”.

En los otros puntos, se concluye que la supervisión de obra autorizó la modificación en la ejecución de partida contractual del “Basureros basculantes de acero inoxidable”, sin requerir opinión del proyectista; la falta de la implementación de la Gestión de Riesgos establecida en la normativa de Contrataciones del Estado; así como la utilización de cuaderno de obra no legalizado durante la ejecución del proyecto, lo que pone en riesgo la legalidad de los registros efectuados.

¿Habrá tomado en cuenta la gestión municipal estas advertencias y observaciones?