Explotación sexual y laboral en menores y mujeres
Explotación sexual y laboral en menores y mujeres

Con el paso de los años el tema de la trata de personas ha ido en incremento y alarma cada vez más. En esta problemática, las regiones del norte del Perú juegan un papel protagónico al ser puntos de explotación.

TUMBES. Durante el año pasado se registraron 16 casos de trata de personas en el departamento de Tumbes, de los cuales todos fueron contra mujeres entre los 17 y 18 años de edad, quienes eran explotadas laboral y sexualmente. Así lo dio a conocer la coordinadora de la Red Multisectorial Descentralizada Contra la Trata de Personas - Tumbes, Anita Saldarriaga.

En tal sentido, manifiesta que en la provincia de Zarumilla se registra el 90% de los casos, “esto según el informe de la Fiscalía especializada a cargo de estos temas”, precisa.

Saldarriaga indica que las féminas, en su mayoría, provienen del oriente de nuestro país.

Por otro lado, comenta que en un bar de la provincia tumbesina se estaría sometiendo a un grupo de ciudadanas venezolanas a la explotación laboral, donde llegan cientos de parroquianos y son atendidos por ellas, exponiendo su integridad y dignidad.

En tanto, el jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes, Abel Chiroque Becerra, señala que la trata de personas encierra tres puntos: la explotación laboral, la venta de niños y el tráfico de órganos; no obstante, en esta zona del país se da con mayor frecuencia la primera.

El funcionario agrega que en los operativos se ha logrado identificar más de 20 bares y cantinas informales en Zarumilla, donde se producen estos casos, debido a la poca presencia policial.

PIURA. En el 2017, en la región de Piura se realizaron más de 60 operativos conjuntos entre la Policía, personal de fiscalización de las municipalidades y la Fiscalía a bares y cantinas con la finalidad de erradicar la trata de personas.

Es así que en el 2017 al menos 200 extranjeras que ejercían la prostitución clandestina fueron intervenidas, en su mayoría mayores de edad.

No obstante, el problema de tráfico de menores para la explotación laboral o sexual en Piura se hizo evidente el 10 de febrero del año pasado cuando los agentes de la División de Investigación Criminal de Piura y representantes de la Fiscalía Contra el Ctimen Organizado desarticularon una red de prostitución en la ciudad de Talara, encabezada por “Manolito”.

Para la Policía y la Fiscalía, esta red se dedicaba a captar a ciudadanas ecuatorianas, colombianas e incluso menores de edad para iniciarlas en el negocio del meretricio.

Según la investigación fiscal, esta red vendría operando desde hace diez años.

En dicha operación se intervino a Manolo Juárez Guzmán, a quien una de las extranjeras

lo sindicó como el proxeneta de dicha casa de citas.

Asimismo, en dicha operación se encontró gran cantidad de material pornográfico de menores de edad y 78 videos de pornografía que habían sido grabados a las mujeres que explotaban en el prostíbulo.

El 3 de mayo de 2017 la denuncia de una madre de familia y de su hija de 17 años permitió conocer la existencia de una red de trata de personas en el distrito de Chulucanas.

En su denuncia, la adolescente confesó que fue raptada por dos hombres a bordo de una mototaxi, quienes le vendaron los ojos y la trasladaron a una choza ubicada detrás de unas parcelas del pueblo de Yapatera. La huida de la menor permitió que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado iniciara una investigación que daría como primer resultado que las personas que estarían detrás de esta red serían ciudadanos colombianos.

Según las versiones del fiscal a cargo, las menores serían trasladadas a pie en la madrugada por los cerros de Chulucanas, para evitar que los policías de carreteras los descubran.

Según fuentes policiales, el año pasado, el Departamento de Trata de Personas de la Divincri recibió 20 denuncias de menores desaparecidas, de las cuales solo dos no fueron recuperadas, e investigaron solo un caso que tenía todos los elementos para catalogarlo como trata de personas.

LAMBAYEQUE. Según los datos registrados por la Sección de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia

(Divicaj) de Lambayeque, durante el 2017 se rescató a un total de 52 agraviados. De esta cifra, al menos 42 fueron mujeres afectadas en casos de proxenetismo.

Durante el último año, la Sección de Trata de Personas de la Divicaj realizó un total de 10

operativos, dos de ellos en Chiclayo, y los demás distribuidos entre los distritos de Olmos, Mórrope y Oyotún, jurisdicciones en las que se concentraría la mayor cantidad de locales clandestinos dedicados a la prostitución. La mayoría de los casos reportados por la Divicaj tiene que ver, en realidad, con el delito de proxenetismo, por el cual fueron intervenidas e investigadas 16 personas durante el 2017. Además, se precisa que entre las víctimas rescatadas figuran tanto mujeres peruanas como ecuatorianas.

Pero si hablamos del delito de trata de personas como tal, el único caso que fue registrado en el 2017 tiene que ver con la modalidad de explotación laboral. En marzo de dicho año, 10 personas, entre ellas 7 menores de edad, fueron rescatadas de una mafia que, bajo engaños, las trasladó desde la provincia de Bagua, en la región Amazonas, para obligarlas a trabajar vendiendo chupetes en las calles de Chiclayo.

Como bien señala la coordinadora de la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas del Ministerio Público (MP), Neysla Guevara Alarcón, Lambayeque es un punto de origen, tránsito y destino para quienes se dedican a la trata de personas y operan entre la frontera con Ecuador, Lima y el sur del país.

El despacho de Neysla Guevara brinda asistencia a más de 130 víctimas de trata de personas, tanto para explotación laboral como sexual.

Las bandas dedicadas a este ilícito buscan también a niños y adolescentes en distritos como Íllimo, Pacora, Mórrope, Cañaris e Incahuasi. Cuando son captados en Lambayeque, su destino suele ser Chimbote, Trujillo, Piura o Tumbes, aunque también se han visto casos donde han sido llevados a Tacna o, incluso, a Chile.

LA LIBERTAD. En el año 2017, en la región La Libertad un aproximado de 130 mujeres, entre peruanas y extranjeras, fueron rescatadas en los diversos operativos que ejecutó la sección de Trata de personas de la Policía Nacional.

Con la llegada de extranjeras de nacionalidad venezolana al país, la Policía ha hallado a más de 40 féminas de esta nacionalidad así como de Colombia y Ecuador entre las personas que son víctimas de explotación laboral y sexual.

De acuerdo con la información consignada por el Observatorio Nacional de Política Criminal, las víctimas son captadas bajo la modalidad de explotación sexual, laboral, doméstica, mendicidad, venta de niños y secuestro.

De acuerdo con este mismo reporte, entre los lugares de captación para este tipo de delitos, el primer lugar lo ocupa Lima con el 30.2%, le siguen Cusco (20.9%), Ucayali (18.6%), y Puno (6.9%) en los siguientes lugares.

La Libertad (2.3%) ocupa el sétimo lugar seguido de Cajamarca (2.3%) y Amazonas (2.3%).

Es preciso señalar que en La Libertad solo se ha presentado un caso en el que las víctimas por el delito de trata de personas han sido dos menores de edad.

Desde la alta dirección del Ministerio del Interior se impulsó la campaña denominada “Cuidado, ellos te están buscando”, las regiones del interior del país iniciaron una serie de operativos en los locales nocturnos donde se conocía que se ejerce la prostitución clandestina.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca prevenir a la ciudadanía sobre los graves daños que causa este delito, el cual es denominado “La esclavitud del siglo XXI”.

Cabe indicar que en las intervenciones policiales no solo se rescató a mujeres, también a los trabajadores, entre mozos, vigilantes y administradores, al ser segundos responsables en lo que configura como delito de proxenetismo.

Hasta el momento son más de veinte los trabajadores que serán procesados penalmente por dicho delito; no eximiendo tampoco de su responsabilidad civil al propietario del inmueble, en caso sean negocios que alquilan local.

A ellos se les cataloga como responsable civil, por lo cual las encargadas de multar al tercer responsable son las municipalidades.

ÁNCASH. El jefe del Departamento de Investigación de Trata de Personas de la División Policial de Chimbote, superior PNP Manuel Lomparte Tamara, indicó que el año pasado su personal intervino 18 locales, donde se captaba a mujeres para luego ofrecerlas como damas de compañía.

Detalló que estos establecimientos clandestinos, ubicados en zonas como Miraflores Alto, Alto Perú, El Progreso, Los Álamos, Dos de Mayo y avenida Aviación, colocaban avisos en los postes y en las redes sociales para captar a mujeres agraciadas, especialmente entre 18 a 23 años de edad, a quienes aparentemente ofrecían trabajos de atención al público.

No obstante, el objetivo de los dueños era persuadir a las jóvenes para que mantegan relaciones sexuales con los clientes, en algunos casos en habitaciones que eran acondicionadas en el mismo establecimiento.

De otro lado, el jefe policial indicó que durante los operativos que realizaron el año pasado en los dos prostíbulos con autorización que funcionan en Chimbote y Nuevo Chimbote, se ha detectado la presencia de extranjeras.

Se trata de ciudadanas de Colombia y Ecuador, quienes se desempeñan como trabajadoras sexuales; no obstante, según el policía, lo cuestionable en este aspecto es que muchas de ellas cuentan con autorización pese a que las normas no contemplan permisos para que extranjeras se dediquen a este tipo de oficio.

En el 2017 se intervino a 13 extranjeras y para este año ya se alistan más operativos, pues se tiene información de que ciudadanas venezolanas se estarían dedicando a esta actividad.