Infractores de la ley realizarán trabajo comunitario en Trujillo

Buscando que las personas sentenciadas por el sistema de justicia en la ciudad, paguen su deuda a la sociedad a través del trabajo comunitario, la Municipalidad Provincial de Trujillo firmará la suscripción de un acuerdo con la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la Junta de Fiscales de La Libertad y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a fin de que estos asuman labores de limpieza, obras y otros.

“Vamos a trabajar en conjunto con las entidades del sistema de justicia. Como municipalidad, tenemos necesidad de personal, más aún en un contexto de emergencia sanitaria, por el cual más de 500 trabajadores de la MPT vulnerables están en sus casas, al igual que 150 empleados del Segat. Queremos recibir personas para que realicen un trabajo para nuestra institución”, expresó José Ruiz Vega, alcalde de Trujillo.

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El presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Giammpol Taboada Pilco, indicó que sentenciados realizarán laborales manuales en beneficio de la comunidad.

“En este caso, estos sentenciados nunca han pisado la cárcel, porque se trata de delitos que no son graves. Cuando la pena sobrepasa los cuatro años de pena privativa de la libertad, ahí si ingresan a un establecimiento penitenciario y se puede denominar reos. En este caso no, se trata de delitos que no son graves y que tienen una pena bastante baja, por ejemplo, el hurto simple, la conducción de vehículo en estado de ebriedad, el delito de omisión a la asistencia familiar, porque son penas bastante cortas y que no sobrepasan los tres años en muchos casos, el sentenciado va a cumplir una pena, pero en libertad, pero esa pena, nosotros hemos acordado que debería ser lo más ideal debería ser la prestación de servicios comunitarios y que implica, que la municipalidad como entidad beneficiaria puede abrir las puertas, digamos, para que estas personas realicen labores manuales desde pintura, cortado de césped, recojo de basura y serán controlados no solo por la municipalidad su ingreso y salida, sino también por el INPE”, acotó Taboada Pilco.

También destacó que los trabajos comunitarios ya podrán realizarse a fines de este mes.

“Allí más bien todos se benefician, no va a ingresar un ciudadano al penal, la pena no justifica, pero, además, esa persona va a contribuir con la sociedad como consecuencia de haber cometido un delito o falta. A partir de fines de este mes ya estaremos en condiciones de aplicar este acuerdo institucional.

Taboada Pilco destacó que el delito de omisión de asistencia familiar representa una carga procesal en el Poder Judicial, cerca al 40 por ciento, a nivel nacional.

Cabe mencionar que, también participaron de la reunión la presidenta de la Junta de fiscales, Marena Mendoza Sánchez y representante del INPE, Noemí Salazar Trujillo.