Julio César Castiglioni Ghiglino, abogado experto en temas municipales y actual director de capacitaciones de la Asociación Municipalidades del Perú (AMPE), estuvo en Trujillo cumpliendo con un asesoramiento legal privado y dice que le sorprendió que en cada lugar que iba se hablara de una posible vacancia contra el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán.
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El letrado cuenta que eso le llamó la atención, ya que actualmente es coordinador y asesor del AMPE y dice que una situación como esa (la sombra de una vacancia cerca de un alcalde) merece un análisis legal a fin de proyectarse y ver los posibles escenarios en los que podría verse el burgomaestre trujillano. Castiglioni conversó con diario Correo y esto fue lo que nos dijo:
¿Qué lo motiva a interesarse por el tema del alcalde Arturo Fernández?
Sucede que viajé a Trujillo por una señora que tiene un problema con la municipalidad, porque le han partido el terreno para una ampliación de vías y no se lo querían pagar. Tuve la oportunidad de conversar con el alcalde (Arturo Fernández), no lo conocía personalmente, una persona muy cordial, por lo menos conmigo. Pero, cuando él estaba como alcalde en Moche lo he criticado muchas veces (risas). Sí sabía de quién se trataba, sabía a quién tenía al frente. Pero, al final de eso, les cuento que perdí el vuelo y decidí quedarme por Trujillo y ver algunas cosas y lo que me ha sorprendido y no soy exagerado, es que el 80% de las personas con las que me encontraba decían que al alcalde lo quieren vacar y que tras la vacancia está el señor Acuña. Esto es vox pópuli.
Lo que hay es una querella por difamación que interpuso una teniente de la Policía Nacional contra Arturo Fernández, quien ha sido condenado en primera instancia.
Sí, es una querella. Sé que está en segunda instancia. Acá tiene que haber un informe oral de la querellante, en este caso la Policía, y del querellado, que es el alcalde. Esto sí me llamó la atención, porque yo hoy estoy ocupando el cargo de director de capacitaciones del AMPE. Estoy viajando por todo el Perú capacitando a los regidores y alcaldes.
Desde su punto de vista, ¿cuál es la situación del alcalde Arturo Fernández con este proceso?
Tiene tres posibilidades: primero, que anulen la sentencia; segundo que la confirmen; y tercero que lo absuelvan. Si lo anulan todo regresa a cero; pero si confirman baja el expediente al juez el juez dice cúmplase lo ejecutoriado y el concejo municipal tiene que sesionar conforme el artículo 22 numera 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades y declarar la vacancia por condena por delito doloso. Si es vacado por el concejo, puede apelar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Es decir, ¿aún tiene esa posibilidad de apelar a una instancia más?
Sí, es la última y definitiva instancia.
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¿Mientras apela podría seguir en el cargo?
Sí, él sigue en el cargo. No se olviden que el artículo 5 de la ley del JNE establece que es esta instancia proclama candidatos, declara vacancia y entrega credenciales; mientras tanto ni siquiera el Poder Judicial puede poner un alcalde ni deponer, solo lo hace el JNE.
¿Hay plazos para resolver ese recurso?
Sí, 30 días de haber ingresado el recurso de reconsideración, es lo que dice la ley. Pero el JNE hace una interpretación caprichosa y dicen que los 30 días empieza a correr desde el inicio del informe oral, porque ahí hay un informe oral. Ahora el JNE no puede cuestionar la sentencia, no es su competencia.
¿Cómo ve que un alcalde a cuatro meses de gestión esté en este problema?
Es complicado trabajar teniendo una espada de Damacles encima. Pero no es el primer caso, yo he tenido la visita de los amigos del Anra, en Huari, Áncash, donde ya están pidiendo la vacancia contra el alcalde.
¿Hay alguna diferencia con el caso del alcalde de Trujillo?
La ventaja que tiene el alcalde de Trujillo es que depende de la segunda instancia.
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