Contraloría puso bajo sospecha desembolsos adicionales y pidió tomar acciones contra funcionarios. Caso ya está en manos de la Procuraduría Pública.
Contraloría puso bajo sospecha desembolsos adicionales y pidió tomar acciones contra funcionarios. Caso ya está en manos de la Procuraduría Pública.

Una auditoría de cumplimiento realizada por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Seguro Social de Salud (EsSalud) reveló irregularidades en la ejecución contractual del servicio de hemodiálisis, lo que generó un pago adicional de S/ 197,333.01 a favor de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) Centro Médico Especializado Trujillo S.A.C. Este monto fue detectado como un exceso en las contrataciones y pagos realizados por la .

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Al detalle

Según el informe de la Contraloría, los jefes de la Oficina de Adquisiciones y la Unidad de Programación y Adquisiciones de la Red Asistencial La Libertad emitieron órdenes sin contar con el requerimiento formal del área usuaria. Además, se aprobó la contratación de prestaciones adicionales, y una adenda derivada de dicha contratación fue firmada por un importe superior al permitido por la normativa de contrataciones del Estado.

El informe de auditoría N°093-2024 detalla que el jefe de la Oficina de Adquisiciones, Geancarlo Casamayor Vásquez, fragmentó la contratación al emitir 15 órdenes de compra, de las cuales 9 fueron consideradas fraccionadas, violando así la normativa que regula los procedimientos de selección.

Las disposiciones de compra se giraron por montos iguales o inferiores a 8 UIT, eludiendo los procesos regulares de selección.

La Contraloría determinó que Geancarlo Casamayor Vásquez, así como Rolan Calderón Ushiñahua, jefe de la Unidad de Programación y Adquisiciones, tendrían presunta responsabilidad civil, penal y administrativa.

En tanto, Milton Benites Rubio, profesional de la misma unidad, tendría responsabilidad civil y administrativa.

Aviso

La Contraloría ya derivó este caso a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para el inicio de las acciones penales por las observaciones identificadas en el informe.