La polémica licitación por S/ 150 millones para el mejoramiento del Hospital de Apoyo Otuzco Elpidio Berovides Pérez’, que anuló el Gobierno Regional de La Libertad la semana pasada, tenía una serie de observaciones de la Contraloría.
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Informe
Esta obra, entregada el 9 de marzo por la gestión de César Acuña al Consorcio Hospitalario Otuzco -integrado por Consultoría & Construcción Grupo Pérgola SAC y RIVA Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú- ya era investigada por la Gerencia Regional de Control desde el 16 de marzo.
Ese día, una comisión inició un servicio de control simultáneo en el proyecto.
Este grupo de trabajo, el 20 de marzo, notificó al gobernador que detectó que el “comité de selección absolvió consultas y observaciones contraviniendo la normativa vigente y el requerimiento del área usuaria, en afectación de los principios de libertad de concurrencia, competencia, eficacia y eficiencia”.
Esto, según el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas N° 024-1-2023-CG/GRLIB-SVC, pudo haber hecho que “potenciales postores que podrían haberse interesado en presentar ofertas al amparo de dicha normativa se vieran impedidos de ello”.
El documento, además, alerta que se entregó “la buena a un postor cuyo integrante que consigna mayor porcentaje de participación no acreditó alguna experiencia en la ejecución de obras similares, lo cual podría afectar la calidad de vida útil de la obra”.
En ese sentido, a través del Oficio N°000409-2023-CG/GRLIB, se le pidió a César Acuña realizar acciones correctivas en un plazo de dos días hábiles, por lo que el Gobierno Regional, el mismo 20 de marzo, anuló la licitación.
Hay más
Pese a que ya se había anulado la buena pro, la fiscalización continuó. El 21 de marzo, la Contraloría informó de otras dos nuevas anomalías detectadas.
Se advirtió que “la entidad (Gobierno Regional) no cumplió con registrar en el Seace la versión digital del expediente técnico completo, transgrediendo los principios de transparencia, publicidad y competencia de la Ley de Contrataciones del Estado”. Esto, precisa el documento, “podría producir que se obtengan propuestas económicas que no recojan las condiciones más ventajosas para la entidad”.
Asimismo, indica que “la entidad no cauteló la disponibilidad total del terreno donde se ejecutará la obra, debido a la existencia de postes de alta tensión en dicha área, generando el riesgo que no se puedan realizar trabajos de ejecución de obra, lo que podría provocar retraso de la misma, así como el riesgo de efectuar mayores gastos”. Esta situación “afectaría el cumplimiento de los objetivos del proyecto en perjuicio de la población beneficiaria”.
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