La Contraloría detectó irregularidades en la obra de mejoramiento del servicio de transitabilidad vial de la avenida Huamán -tramo que se hizo desde la avenida Fátima hasta la avenida La Marina- que ejecutó la Municipalidad Provincial de Trujillo.
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Perjuicio
Según el órgano de control, la comuna pagó por profesionales que no participaron de los trabajos. Además, no aplicó las penalidades correspondientes por la ausencia de estos especialistas, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 271,855.90. Por este caso, incluso, se solicitó iniciar acciones legales y administrativas contra cuatro exfuncionarios del ahora exalcalde de Trujillo Daniel Marcelo Jacinto.
Según el Informe de Control Específico N° 020-2022-2-0424-SCE, publicado el último 6 de diciembre, el residente de obras no participó de todo el proyecto, mientras que la especialista de ambiente negó haber trabajado en esa obra, ejecutada el 2019.
Así fue
El documento detalla que el ingeniero Luis Otiniano Roldán, en calidad de residente de obra, debió realizar sus labores de manera permanente en los trabajos que se ejecutaron en Trujillo durante 96 días calendarios (del 3 de enero al 18 de agosto de 2019).
Sin embargo, “se verificó que, durante el referido periodo, el citado ingeniero se desempeñó 84 días calendarios, de manera simultánea y con el mismo cargo de residente de obra, en una obra de Casa Grande ejecutada desde el 8 de diciembre de 2018 hasta el 23 de febrero de 2019, y en una obra de Huamachuco, ejecutada desde el 9 de febrero de 2019 hasta el 19 de abril de 2021″.
El documento agrega que se corroboró que Otiniano solo trabajó en la obra de la avenida Huamán 12 días, pero cobró S/ 18,675.87, es decir por todo el tiempo que duraron los trabajos.
Respecto a la ingeniera especialista en ambiente que laboraría en la obra, la Contraloría detectó que se pagó S/ 7,709.42 por el supuesto trabajo de Nieves Pérez Villar. No obstante, la profesional le dijo al órgano de control que ella solo “participó como personal propuesto”, pero “no participó en la obra”.
El informe, asimismo, indica que el municipio de Trujillo “no aplicó al consorcio la totalidad de las penalidades que corresponden por la falta de permanencia del residente de obra y la ausencia de la especialista en ambiente en la obra de Trujillo, lo cual ocasionó un perjuicio económico de S/ 245,470.62″.
Pide sanciones
Por estas irregularidades, el último 12 de diciembre, la Contraloría solicitó al alcalde del municipio provincial de ese entonces, José Ruiz, realice “las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos de la entidad, comprendidos en los hechos observados”.
Asimismo, le pidió a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad “iniciar acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad única con presunta responsabilidad penal del informe de control específico, con la finalidad de que se determinen las responsabilidades que correspondan”.
Las acciones legales y administrativas se tienen que implementar contra el inspector de obra, Juan Ayala Sánchez; el gerente de Obras, Luis Estrada Chávez; y de la subgerenta de Liquidación y Supervisión de Obra, Liz Vejarano Jaico.
Para Juan Sánchez Vejarano, que también cumplió funciones como subgerente de Liquidación y Supervisión de Obra, se le iniciarán acciones administrativas.
El órgano de control indica que las presuntas irregularidades detectadas “no fueron observadas ni advertidas por el servidor y funcionarios de la entidad, procediendo de forma contraria al ejercicio de sus funciones y obligaciones, generando que se pague los gastos generales por los referidos profesionales, además de no aplicar la totalidad de penalidades correspondientes por la situación descrita de ambos profesionales”.
Además, el órgano de control advirtió que estos exfuncionarios “no remitieron sus comentarios y aclaraciones al pliego de hechos comunicados”.