La necesidad urgente de reforzar el sistema judicial en La Libertad para mejorar la lucha contra el crimen en sus diversas manifestaciones como el sicariato fue uno de los temas abordados en la novena reunión del Comando Regional de Seguridad Humana, realizada en la sede de la 32° Brigada de Infantería del Ejército, en Trujillo.
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De acuerdo con la Región, se indicó que es indispensable fortalecer a la Policía Nacional con recurso humano y unidades móviles, así como a los distritos fiscales de La Libertad y la Unidad de Flagrancia del Delito instalada en Alto Trujillo (El Porvenir).
Se precisó que también se requiere mejorar el ancho de banda de las conexiones y servicios de internet en las oficinas de los operadores de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público y PNP) y el equipamiento de las unidades de investigación para los delitos con mayor frecuencia.
El gobernador Manuel Llempén Coronel presidió esta sesión en la que también participaron el general EP César Claudet Morote, comandante general de la 32° Brigada de Infantería; el prefecto Pablo Ruiz Contreras; José Luis Agüero Lovatón, jefe defensorial La Libertad; y José Luis Tejada Ruiz, subgerente de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional La Libertad y secretario técnico del comando.
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Allí se habló sobre el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú con recurso humano y unidades móviles, así como de los Distritos Fiscales de La Libertad y de la Unidad de Flagrancia del Delito instalada en Alto Trujillo.
Fue mediante exposiciones del presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Giammpol Taboada Pilco; del coronel PNP Walter Calle Delgado, jefe de la región policial La Libertad, y de Marena Mendoza Sánchez, la presidenta de la Junta Superior de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal La Libertad, quienes expusieron sobre requerimientos de sus representadas para seguir mejorando su operatividad.
Las necesidades logísticas están referidas principalmente a unidades vehiculares, también se requiere más personal, mejorar el ancho de banda de las conexiones y servicios de internet para las oficinas del sistema judicial (Poder Judicial, Ministerio Público y PNP) y el equipamiento de las unidades de investigación para los delitos con mayor frecuencia.
Además, se insistió en la necesidad de que el total de detenidos en flagrancia por la PNP sean derivados a la Unidad de Flagrancia del Delito ya que a la fecha el porcentaje de detenidos que están siendo trasladados es aún muy bajo.
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