Gobernador Manuel Llempén se reunió con representantes de la sociedad civil y pidió la salida de Patricia Ocampo.
Gobernador Manuel Llempén se reunió con representantes de la sociedad civil y pidió la salida de Patricia Ocampo.

El Gobierno Regional de La Libertad pidió ayer la inmediata renuncia de la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo Escalante, un día después de que el premier Aníbal Torres Vásquez afirmara que el Tribunal Arbitral había resuelto el contrato firmado entre la Concesionaria y el Estado peruano para la ejecución de la tercera etapa del proyecto de irrigación.

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“Pedimos la renuncia inmediata de la ministra de Agricultura por haber ido contra los intereses de los dos millones de liberteños”, dijo el gobernador regional luego de una reunión en la Casa de Gobierno que también contó con la participación de representantes de la sociedad civil.

Firme

Manuel Llempén aseguró sentirse “muy contrariado” por lo manifestado por Aníbal Torres y dijo que en la reunión de ayer también se había tomado la decisión de declarar “personas no gratas” a la ministra Ocampo y al exministro del mismo sector Andrés Alencastre Calderón. “No hemos tenido la misma voluntad y decisión en los ministros de Agricultura”, señaló.

Días atrás, la ministra Patricia Ocampo manifestó que el Midagri aspiraba a que el concesionario desista de la pretensión económica exigida en la demanda (US$ 118 millones).

Esta posición, sin embargo, fue muy criticada por un grupo de empresarios agroexportadores, pues “lo único que hacía” era retrasar la elaboración de la adenda que permita destrabar la tercera etapa del proyecto. “Nosotros lamentamos que los funcionarios del Midagri no hayan sido expresamente abiertos en su posición frente al destrabe de Chavimochic”, agregó Llempén.

El gobernador resaltó que no conoce más detalles del laudo arbitral y que espera que la ministra Ocampo o el premier Torres le envíen una copia del mismo “para hacer de conocimiento a toda la población liberteña”.

No obstante, contó que el domingo, un día antes de conocerse las declaraciones de Aníbal Torres, este ya le había adelantado que el Tribunal Arbitral había resuelto el contrato. “El día domingo que me comuniqué con el premier, tuve conocimiento, [de manera ] muy simple porque fue por WhatsApp, que el laudo había salido”, narró.

Futuro

Manuel Llempén recordó que su posición, desde que asumió el cargo en enero de 2019, fue siempre que la Concesionaria Chavimochic –integrada por Novonor (exOdebrecht) y Aenza (exGraña y Montero)– culmine la presa Palo Redondo, que está en un 70% de su ejecución, y luego se retire de la obra. “La presa es el corazón de todo el proyecto, por eso hemos insistido”, enfatizó.

Según la autoridad regional, si la tercera etapa del PECH continúa paralizada, no solo dejarán de incorporarse más de 60 mil hectáreas nuevas, sino también Trujillo y otros distritos corren el riesgo de quedarse sin agua potable. “Terminar la presa era asegurar el abastecimiento [de agua] e incrementar la atención”, señaló.

Para Llempén, terminar los trabajos en Palo Redondo como obra pública tomará cuatro o cinco años, ya que se tendrá que hacer un nuevo expediente técnico. Además, la empresa que gane el concurso para su ejecución debe hacerse responsable de todo el proyecto constructivo, condición muy difícil de aceptar.

Ante este escenario, el gobernador anunció que propondrá al presidente de la República, Pedro Castillo, y ante el Consejo de Ministros que el saldo de obra en Palo Redondo se ejecute por convenio de Gobierno a Gobierno y que se incluya en Reconstrucción ese saldo, pues Chavimochic fue afectado por El Niño costero de 2017. “Esperemos que los próximos días tengamos un pronunciamiento directo del presidente de la República y del premier para decirnos cuáles son los pasos que van a seguir. [...] En su mensaje por Fiestas Patrias, el presidente expresó su voluntad de destrabar Chavimochic y hace algunas semanas hizo lo mismo en Trujillo y Chao”, refirió.

Punto de vista

Quien se mostró crítico tras los anunciado por Manuel Llempén fue el consejero regional por Ascope, Greco Quiroz Díaz.

Dijo que el gobernador tardó en dar la noticia para responsabilizar al Ejecutivo “y no al gobierno regional que él lidera”.

Quiroz sostuvo que pedir la renuncia de la ministra Patricia Ocampo y declarar personas no gratas a ella y al exministro Andrés Alencastre “es una posición para liberarse de la responsabilidad que él tiene”. “El que debería ser declarado persona no grata es el equipo técnico del Gobierno Regional de La Libertad que ha fracasado en su estrategia de insistir permanentemente que sean Odebrecht y Graña los que culminen la obra. Esa estrategia nació muerta, porque ningún presidente de la República le iba a dar un pago a Odebrecht”, afirmó.

El consejero reiteró que la concesionaria debería ceder sus derechos a un tercero para terminar todo el megaproyecto. “Esta nueva empresa que compró las acciones es la que debería ejecutar la obra”, comentó.

“Para mí no es garantía que se haga de Gobierno a Gobierno, pues ya hay malas experiencias en la región”, resaltó.