El alcalde de la Municipalidad Distrital de Laredo, Sergio Vílchez, está en la mira de la Contraloría. El órgano fiscalizador advirtió que el burgomaestre contrató como su asesor a una persona que está inhabilitada para trabajar en esa entidad pública.
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Según el informe de Acción de Oficio Posterior N° 032-2023-CG/OCI0424-AOP, la gestión de Vílchez contrató con un “proveedor de servicios que tenía impedimentos para contratar con el Estado, afectando el principio de transparencia que rige las contrataciones públicas, así como la legalidad de los actos de la administración pública”.
El documento detalla que se requirió los servicios del exregidor de esa comuna, Paúl Antonio Misael Flores Robles, a pesar de estar impedido para brindar sus servicios, de acuerdo a lo señalado en el artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
“Se encontraba impedido de contratar con el Estado en el ámbito de su competencia territorial durante el periodo que ejerció como regidor, extendiéndose dicho impedimento hasta doce meses después de haber concluido en su cargo”, dice el informe.
También precisa que Vílchez designó a Flores como asesor en gestiones públicas municipales para el despacho de alcaldía. Por esas labores le pagó S/ 7,800, a través de tres comprobantes emitidos entre marzo y abril de este año.
La Contraloría, asimismo, indica que el exregidor “teniendo conocimiento de su impedimento para contratar con el Estado, declaró bajo juramento lo contrario”.
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