Gobernador deberá promulgar ordenanza que aprueba que representantes provinciales interpelen y saquen del cargo a sus funcionarios.
Gobernador deberá promulgar ordenanza que aprueba que representantes provinciales interpelen y saquen del cargo a sus funcionarios.

La Tercera Sala Civil del Poder Judicial de La Libertad dispuso que el Gobierno Regional promulgue una ordenanza aprobada por el Consejo Regional el 2020, que permite interpelar y censurar a los funcionarios de confianza del gobernador .

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El caso

En diciembre de 2020, los consejeros ratificaron la Ordenanza Regional N° 013-2020-GRLL-CR, que consentía la salida de gerentes, subgerentes, jefes de oficinas regionales y directores de proyectos especiales que no logren obtener la aprobación de los representantes provinciales. Incluso, la norma, da 48 horas de plazo al gobernador para que designe a un nuevo funcionario, “bajo responsabilidad” en caso de incumplimiento.

Sin embargo, el entonces gobernador Manuel Llempén Coronel se negó a firmar y promulgar la disposición.

Ante esto, Greco Quiroz, consejero regional en el periodo 2019-2022, presentó ante el sistema de justicia una acción de cumplimiento, con la finalidad de que se haga respetar las labores de control de los representantes provinciales.

Esta demanda obtuvo un resultado favorable en octubre último y le fue notificada el pasado 4 de noviembre, a través del expediente 731-2022.

“La ordenanza dice que cinco consejeros pueden solicitar la interpelación de un funcionario o gerente regional, y que si ese funcionario no satisface el interrogatorio debe ser censurado, en consecuencia, el gobernador tiene 48 horas para designar a un nuevo funcionario”, indicó Quiroz.

Agregó que el Poder Judicial le dio 10 días de plazo a César Acuña para promulgar la norma. No obstante, el tiempo ya venció, por lo que dijo que si no cumple con lo dispuesto en el transcurso de esta semana denunciará a la autoridad regional por resistencia a la autoridad y omisión de funciones, lo que podría generar, luego, su vacancia.

El consejero Robert de la Cruz aseveró que esta ordenanza permitirá “censurar a funcionarios corruptos e incapaces que no cumplen con las expectativas de la población”.