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Si las personas trans (travestis, transgénero y transexuales) accedieran al cambio de nombre y de sexo en sus documentos nacionales de identidad (DNI) sin iniciar procesos judiciales individuales, se sentirían “sujetas de derecho y no ciudadanas de segunda clase”. Así lo sostiene Gabriela Mariño Llamoja, activista trans y presidenta de la asociación civil Ángel Azul, quien agrega que ese es el motivo por el que continúan exigiéndole al Estado peruano una ley de identidad de género o un proceso administrativo que les permita tener un DNI que sí las represente y ser tratadas sin estigma ni discriminación cuando acuden a los servicios públicos o privados, como hospitales, bancos, comisarías y oficinas del Reniec.
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Ahora, su agrupación se encuentra en la región de La Libertad para recoger las opiniones sobre el tema de un grupo de compañeras trans, gracias a la articulación con Corazones Diversos LGTB-Ascope. Además, les presentarán los resultados de una encuesta efectuada, en plena pandemia por el COVID-19, a 100 mujeres trans de Lima sur.
“Estuvimos en Junín, ahora en La Libertad e iremos en las próximas semanas a Ucayali, Piura y Arequipa. Luego, recopilaremos los resultados, pues lo que se requiere es impulsar estudios desde la sociedad civil ante la inacción del Estado”, sostuvo Gabriela Mariño.
Transfobia de Estado
Sobre los principales resultados hallados en la encuesta de Lima sur, la activista indicó lo siguiente: el 91% de las encuestadas manifestó que se sintió discriminada cuando fue llamada por su nombre legal (el que está en su DNI y el cual no refleja su identidad de género) en un centro de salud, comisaría, institución financiera u otra similar.
Además, el 99% mencionó que iniciaría el trámite para cambio de nombre y de sexo en sus DNI si existiera una ley de identidad de género o un proceso administrativo (gratuitos). Por otro lado, el 48% opinó que una ley de identidad de género o un procedimiento administrativo para obtener un nuevo DNI serían insuficientes para frenar la discriminación, cuyos principales perpetradores son los efectivos de serenazgo (35%) y los policías (34%), según la encuesta.
“Estamos hablando de trabajadores que pertenecen a un Gobierno local o a un sector como el Ministerio del Interior. A ellos se suman los funcionarios del Reniec que se rehúsan a elaborar un procedimiento que nos permita contar con un DNI acorde a nuestra identidad de género”, agregó Gabriela Mariño. “Si lo hicieran, no tendríamos que costear abogados ni ponernos en manos de los jueces, que son finalmente quienes deciden o rechazan nuestras solicitudes por la vía judicial. De por sí, todo este proceso es una vejación y una muestra de que la igualdad ante la ley solo existe en el papel”, puntualizó.
La encuesta en Lima fue realizada, a fines del 2020, a 100 mujeres trans en los distritos limeños de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Chorrillos. La agrupación Ángel Azul ahora busca aplicar otros instrumentos de estudio y continuar con sus acciones de incidencia en favor del cambio de nombre y de sexo en los DNI.
