El suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, le da la espalda a la justicia y está decidido a no entregarse a las autoridades; es más, ha optado por actuar desde la clandestinidad. La exautoridad presentó una queja formal contra la jueza Ingrid Pajares Acosta, titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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Detalles
Fernández Bazán enfrenta una querella por difamación presentada por el arqueólogo Ricardo Morales Gamarra, quien solicitó que el exalcalde sea sentenciado a dos años de prisión y que pague una reparación civil de 100 mil soles. La demanda acusa a Fernández Bazán de difamación, y el proceso judicial está pendiente desde el 26 de julio del año pasado, cuando se revisó por primera vez en la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
La jueza Ingrid Pajares Acosta ordenó el 15 de julio la captura de Fernández Bazán, pero hasta ahora, la Policía Nacional no ha logrado ubicarlo. En lugar de entregarse, Fernández quejó a la jueza, argumentando que ha demostrado parcialidad en el manejo de su caso.
“En calidad de interesado, recurro ante su despacho y presento queja contra la juez, Ingrid Pajares Acosa, pon inconducta funcional al emitir la resolución 57, en la audiencia del 16 de julio de 2024 y la resolución 71, en la audiencia del 15 de agosto de 2024, atentando al derecho al debido proceso, derecho al juez imparcial y derecho a la defensa”, precisó Fernández en el documento.
El exalcalde argumenta que la jueza ha demostrado un sesgo en el caso y que ha interferido con su derecho a una defensa adecuada. No obstante, hay quienes consideran que solo es una estrategia para dilatar más el proceso judicial que se le sigue por la segunda acusación de difamación en su contra.
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