Los informes legales que revelaron irregularidades en el proceso de selección de empresas ya fueron remitidos al gerente de la Región.
Los informes legales que revelaron irregularidades en el proceso de selección de empresas ya fueron remitidos al gerente de la Región.

Una decisión difícil. Julia Soto Deza, gerenta de Producción del Gobierno Regional de La Libertad, dijo ayer que ya evacuó los informes legales que recomiendan anular los procesos concursables del por los presuntos vicios e irregularidades hallados en el proceso de selección.

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Precisó que ambos documentos, elaborados por peritos legales, han sido remitidos a la Gerencia General del Gobierno Regional de La Libertad para que el titular del pliego Martín Namay Valderrama, tome la decisión de considerar la recomendación de anular ambos procesos o proceder de una manera distinta.

AVANCES

Lo que sucede es que hay Agentes Económicos Organizados (AEO) a los que ya les habrían cofinanciado sus proyectos y estos estarían encaminados, a pesar de que no habrían reunido los requisitos para que se vean beneficiados con el apoyo económico del Gobierno, tal como se indica en los informes legales (N° 003-2025 y N° 004-2025), expedidos el 14 y 15 de abril.

OPINIÓN

Miguel Rodríguez Albán, especialista en gestión pública y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), comentó que si los informes legales ya evidenciaron que las empresas ganadoras, en ambos procesos, no cumplieron los requisitos, pues automáticamente se convierten en infractoras junto a las personas que las beneficiaron.

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“Hay que recordar que Procompite busca apoyar la competitividad productiva en las pequeñas empresas o agentes económicos y hay toda una normatividad que regula a qué tipo de negocios se cofinancia dependiendo de su categoría. Hay fases que cumplir y ahora los de los concursos 2023 y 2024 ya están en etapa de ejecución y eso es complicado retrotraer”, indicó.

Miguel Rodríguez explicó que lo que procede ahora es corroborar si hubo complicidad entre los ganadores y la comisión evaluadora y se tendría que abrir otros procesos para determinar responsabilidad civil y penal.

“Lástima que por temas políticos y por corrupción se degenera un programa tan importante que busca ayudar a la pequeña empresa y unidades productivas, pero se mete la mano al programa y acaba como está”, enfatizó.

Los informes legales recomiendan declarar la nulidad de todo el proceso concursable y retrotraer el procedimiento administrativo a etapa inicial.

Además, se sugiere elegir un nuevo comité evaluador acorde a la normativa de Procompite.

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