María del Carmen Olórtegui Risco, jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, informó que viajó a Lima para trasladar documentos que ingresaron a su despacho los representantes de mineros artesanales en relación a las medidas que se han impuesto con el Decreto Supremo N° 060-2025-PCM, que prorrogó el estado de emergencia por 30 días en la provincia de Pataz.

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Se trata de miembros de la Comunidad Campesina La Victoria, ubicada en el distrito de Tayabamba, quienes están solicitando al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, revisar si es inconstitucional el Decreto Supremo N° 060-2025-PCM, pues contempla la inmovilización social obligatoria, también conocida como toque de queda, desde las 6 p.m. hasta la 6 a.m.; además, de la paralización de las actividades mineras.

La finalidad de estas drásticas medidas es frenar la violencia ligada a la minería ilegal tras el cruel asesinato de 13 agentes de seguridad de una empresa minera en Pataz.

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INTERVENCIÓN

“Ellos (Comunidad Campesina La Victoria) alegan que dicho decreto afecta los derechos fundamentales de los mineros formales y de los que están en proceso de formalización. Piden que el defensor del Pueblo interponga una medida cautelar al referido decreto supremo y solicitan se realice una mesa de trabajo multisectoral en Pataz”, dijo María del Carmen Olórtegui.

La solicitud hecha por la comunidad es revisada por la adjuntía de los Asuntos Constitucionales, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo- sede central y el lunes es probable que Josué Gutiérrez Cóndor emita un pronunciamiento sobre el asunto.

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RECHAZAN

El último jueves, los miembros de la Asociación de Mineros Artesanales (AMA) - Pataz participaron de una mesa de trabajo con consejeros regionales de La Libertad; el gerente regional de Energía Minas e Hidrocarburos, Beder Martell Espinoza; y el gerente regional de Defensa Nacional, Edwin Dávila Paredes.

Tras un debate, los mineros pidieron que el Consejo Regional autorice al gobernador César Acuña interponer una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo N° 60-2025.

Esa solicitud tendrá que aprobarse en una próxima sesión de Consejo. Los mineros advirtieron que hay riesgo de una convulsión social si no se deroga dicha norma.

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