Auditores son investigados por favorecer a funcionarios

La Contraloría inició una investigación contra sus propios auditores por haber propiciado que prescriba un proceso administrativo disciplinario, a favor de cinco funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL).

Mediante Oficio N° 645 emitido el 28 de diciembre del 2017, la Contraloría ha comunicado al consejero regional José Díaz Periche, presidente de la Comisión de Fiscalización del GRL, que se está evaluando la conducta de los auditores implicados.

EXAMEN. Todo inicia el 5 de junio del 2015, cuando la Oficina de Control Institucional (OCI) del GRL emitió el Informe N° 07 denominado Examen Especial a la obra “Mejoramiento, Ampliación e Instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado del conglomerado de pueblos jóvenes Villa Hermosa, en el distrito de José Leonardo Ortiz”.

En dicho informe, el OCI advirtió faltas de carácter disciplinario en los siguientes funcionarios: Winston Enrique Segura Saavedra, Fidel Ortiz Zapata (exgerentes de Infraestructura), Víctor Javier Gonzales Bernilla (subgerente de Infraestructura), Víctor Hugo Burga Rangel (subgerente de supervisión y liquidación) y Ángel Liza Chafloque (revisor del expediente técnico); recomendando que se inicie un proceso administrativo sancionador contra ellos.

Sin embargo, el 23 de diciembre del 2015, el jefe del Órgano Instructor Norte de la Contraloría, Nelson Guevara, cursó el oficio 037 al gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, en el cual le indica que “la entidad deberá inhibirse de realizar acciones destinadas a efectuar el deslinde de responsabilidad” hasta que la Contraloría culmine el proceso auditor.

Este extraño pedido sirvió de justificación a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del GRL para recomendar la prescripción del caso; pues cuando la Contraloría presentó el examen especial terminado, ya había transcurrido el plazo de un año que, de acuerdo a ley, se requiere para iniciar la acción disciplinaria.

“El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año, contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario, se declarará prescrita la acción...”, consta en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa.

Sin embargo, para el consejero José Díaz Periche, nuevamente se está blindando a los funcionarios involucrados en actos irregulares.

“Yo envié un documento al contralor regional William Boulanger, haciendo conocer nuestro malestar y nos ha respondido que han iniciado una investigación a sus propios funcionarios (...) Lo que pasa es que la Contraloría misma le dice al gobernador no proceda hasta que nosotros definamos el tema, pero yo lo entendí de otra manera, para mí la prescripción no se da. La Contraloría envía otro documento y dice señores ya deben proceder, a partir de ahí comienza el plazo de un año, hubieran podido abrir el proceso sancionador y no lo han hecho”, señaló.

El consejero sostiene que aunque esta situación no impidió que el Ministerio Público inicie un proceso judicial contra los implicados, en su momento también debieron ser sancionados conforme lo establece la norma, con suspensión sin goce de haber o la destitución definitiva.

“Eso de ninguna manera lo pude aceptar, porque todo el pueblo de José Leonardo Ortiz es testigo de lo que ha sucedido. Sabemos que hasta ahora esa obra no funciona, es un monumento que no tiene ningún tipo de uso y se gastó mas de 23 millones de soles (...) En los tres últimos años, no se aplicó ninguna sanción administrativa a ningún funcionario, a pesar que se ha comprobado que hubo delito, solo se denuncia a las empresas”, aseveró.

OTROS CASOS. Un hecho similar ocurrió en el Hospital Regional de Lambayeque, donde se detectó que 20 trabajadores causaron un perjuicio económico de 12,896 soles, al justificar el gasto de sus viáticos con boletas y facturas falsificadas.

Los trabajadores implicados no fueron sometidos a un proceso disciplinario porque curiosamente prescribió el plazo. En aquella ocasión, nuevamente entró a tallar el entonces contralor regional Nelson Guevara, pues solicitó la devolución del informe de auditoría emitido por el OCI de dicho hospital para su revisión.

Otro caso similar ocurrió en el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). El OCI de dicha entidad detectó un perjuicio económico de 1 millón 870 mil de dólares, señalando como presunto responsable al exjefe del PEOT, Enrique Salazar Torres.

Mediante el Informe N° 02 - 2013, el OCI advirtió que al efectuar un examen especial al PEOT sobre la Supervisión del Contrato de Concesión para la Construcción Operación y Mantenimiento del Proyecto Olmos, detectó que Salazar Torres no exigió el cumplimiento de la cláusula 19 (pólizas de seguro).

De esto se aprovechó la Concesionaria Trasvase Olmos para demandar mediante arbitrajes, el pago de mayores gastos incurridos, pues los seguros que contrató el Consorcio Supervisor Olmos no lo cubrían. El caso estuvo cuatro años en la Comisión de Procesos Administrativos, la cual al final lo declaró prescrito

Así también, los exgerentes regionales de Administración, Augusto Delgado Vélez y Víctor Hugo Miranda, se salvaron de una sanción, al no haber establecido los procedimientos necesarios para desarrollar una eficiente programación de gasto para la reparación de un tractor oruga y de una excavadora.