Autoridades verifican daños en Reserva Chaparrí

Ha pasado casi un mes desde que el comunero y teniente gobernador del caserío “El Mirador” del distrito de Chongoyape, Napoleón Tarrillo Astonitas (50), fue torturado y estrangulado en su propia vivienda y aún se espera conocer los responsables de su muerte.

VISITA. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, junto a la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Mariana del Pilar Vásquez Zagaceta, el subprefecto regional, Rafael Aita Campodónico, realizó la constatación de los daños que se vienen registrando en el área de conservación privada de “Chaparrí”.

El magistrado se reunió con los comuneros y escuchó la problemática que viven las tierras con la depredación de los bosques, así como los incendios que se han registrado.

El comunero Juan de Dios Carrasco Fernández, indicó que en total de las 34,412 hectáreas de Chaparri, son más de 1,000 las que han sido depredadas..

Según explicó el lugareño, el 24 de noviembre del 2016 se realizó una inspección con los efectivos de la Comisaría de Chongoyape; sin embargo no los apoyaron e indicaron en su informe que solo habían terrenos agrícolas donde se había sembrado árboles, zapote y otros; no obstante esos predios ya habían sido quemados y limpiados, actualmente están abastecidos de riego tecnificado.

Juan Carrasco, dijo que otro problema que denunciaron en su momento fueron los incendios que se registraron en el bosque el pasado 30 noviembre y 1 de diciembre, responsabilizando del hecho a la familia Carranza Cruzado. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce que la Fiscalía o el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) les haya abierto un proceso respectivo.

Los comuneros expresaron que no tienen ningún respaldo de Serfor ni del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernap).

Al respecto, el comunero Juan de Dios Carrasco narró que en el último incendio, fueron los mismos comuneros con algunos fiscales quienes tuvieron que apagar el fuego. Pese a su esfuerzo se perdieron un aproximado de 119 hectáreas, sin embargo para Serfor solo se quemaron 45 hectáreas.

DENUNCIA. El comunero Javier Ruiz, denunció que la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, está conformada por falsos comuneros -e incluso parientes de jueces de paz y fiscales - quienes promueven la invasión de la reserva.

Precisó que los jueces de paz avalaron la conformación del comité electoral de dicha comunidad pese a no tener quórum, lo cual no fue observado en la Sunarp al ser registrado. Asimismo, explicó que los fiscales han archivado las denuncias contra la familia Cruzado Carranza por deforestación de los bosques secos de Chaparrí y también por el intento de asesinato a los hijos del promotor turístico Heinz Plenge.

“Al parecer se hace lo posible para que haya impunidad y eso es preocupante, todas las denuncias que se han hecho están siendo archivadas (...)” dijo a su turno el presidente del Poder Judicial.

Así también, el juez supremo comentó que “los traficantes de tierra para desligitimar la actividad del señor Napoleón Tarrillo, ahora dicen que su muerte obedece a un crimen de tipo pasional; pero eso no es posible porque la última acción que había hecho Tarrillo, desengañado del Ministerio Público, de los jueces y de los policías, es pedir apoyo a las rondas campesinas de Chota para desalojar a los invasores, porque aquí nadie le hacía caso y estaba formando las rondas campesinas de Chaparrí; apenas promovió eso, lo mataron”.

DESINTERÉS. Asimismo, Duberlí Rodríguez señaló que es evidente que existe un desinterés aparente de las autoridades o un interés doloso o de omisión, “se hacen que no saben nada para que todo siga”.

Asimismo, refirió que los congresistas consideran el tema como una reserva privada por formalismo; pero por el lado de la justicia tiene que verse el tema de fondo y es evidente que se está poniendo en riesgo la existencia de la Reserva Ecológica de Chaparíi.

“Las autoridades están obligadas apoyar en este tema, nos corresponde a todos, policía, fiscalía, jueces, autoridades, alcaldes tienen que hacer algo”, acotó.

Asimismo, indicó que parece irregular que el Gobierno Regional de Lambayeque haya promovido el Reservorio La Montería, que ya cuenta hasta con código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), cuando para otras obras demoran más tiempo.

“Pareciera que ahora siembran a futuro lucro, es decir para mí esto es crimen organizado en modalidad de tráfico ilícito de tierras”, criticó.

La Reserva La Montería es parte del proyecto Olmos, la cual es promovida por la empresa brasileña Queiroz Galvao (implicada en el caso Lavajato) y se ejecutaría dentro del área de Chaparrí.

PEDIDO. El presidente del Poder Judicial, pidió a los jueces y fiscales de Lambayeque “enfrentar con firmeza” a la mafia de traficantes de tierra que pretenden desaparecer la reserva ecológica Chaparrí, en Chongoyape.

“Hago un llamado a las autoridades de Lambayeque, tanto fiscales como jueces que tengan que ver con este tema, para que sean muy diligentes, muy acuciosos y se tenga que poner mano dura para que no desaparezca la reserva ecológica”, manifestó.

Este pedido lo realizó en la audiencia pública realizada en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, donde Rodríguez Tineo, mostró su preocupación porque “las entidades del Estado no están actuando como corresponde” para evitar la depredación de la reserva de Chaparrí.