Buscan declarar en emergencia el municipio de José L. Ortiz

La gestión del alcalde Wilder Guevara Díaz propone declarar en emergencia administrativa la municipalidad de José Leonardo Ortiz luego que se frustrara la firma del proceso de transferencia.

Ante la información que presentó su antecesor, el exburgomaestre Epifanio Cubas Coronado, la nueva autoridad denuncia una serie de irregularidades que agravan la deuda de esta comuna.

Entre ellas, la emisión de cheques y órdenes de pago sin sustento así como la paralización de tres obras de pavimentación que se ejecutaron a través de terceros, vulnerando así la ley de contrataciones.

REALIDAD

Según refirió el actual asesor legal de la entidad edil, Pedro Barboza Zelada, el exgerente municipal Segundo Zeña Coronado -quien presidía la comisión de transferencia por parte de la gestión saliente- se negó a firmar el acta.

Después del 31 de diciembre, el nuevo alcalde solo contaba con el anexo 4 y 8 formatos técnicos que no incluyen el detalle de la rendición de cuentas.

“Ninguna gerencia ha entregado la información como debió ser (...). Entregaron formatos técnicos que solo señalan la normatividad expresa de los sistemas administrativos. Por ejemplo, si están garantizado la continuidad de los servicios, tenían que decir sí o no”, afirmó Barboza Zelada.

Todo esto quedó evidenciado en el acta del 2 de enero suscrito por la Primera Fiscalía de Prevención del Delito.

Este documento deja constancia que el proceso de transferencia no ha concluido en el plazo establecido por ley; y que la nueva gestión denunció este incumplimiento a fin de deslindar responsabilidades.

VACÍOS

De acuerdo a lo señalado por el funcionario, el exalcalde permitió la creación de gerencias -como la oficina de Recursos Humanos- que no se plasmaron en el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad edil.

Esto significa que las gerencias operaron de manera informal, por lo que el nuevo alcalde pretende actualizar los instrumentos de gestión y reducir el número de subgerencias, como parte de su propuesta de reingeniería administrativa.

Además, el sistema de recaudación tributaria Minka Municipal tampoco habría respetado el reglamento del municipio al haberse creado, a fines del año pasado, mediante una única resolución firmada por el exalcalde.

A nivel de gastos, se detectó que en 2018 se realizaron pagos por más de 136 mil soles por el servicio de fotocopias que fueron brindadas por terceros.

Al respecto, Barboza Zelada explicó que la municipalidad alquiló fotocopiadoras a servidores que emitían sus recibos bajo el sistema del pitufeo.

“Las personas emitían facturas de 500, 600 o 700 soles porque de acuerdo a ley no podían pasar (el valor de) una Unidad Impositiva Tributaria (S/ 4150)”, agregó.

A este hecho se suma la denuncia por cheques y órdenes de pago emitidos en diciembre de 2018 sin sustento. Pese a que solicitaron un informe al área de tesorería por esta inconsistencia, la nueva gestión descubrió que los cinco trabajadores de esta oficina recibieron vacaciones antes de concluir el 2019.

Por si fuese poco, también se hallaron pagos a terceros por obras licitadas en diciembre del año pasado que en realidad debieron ser ejecutadas con recursos propios.

“Se han encontrado obras por administración directa que las han dado a un tercero y eso está contra la ley. Incluso les han dado pagos adelantados por más de un millón de soles. Esas obras están paralizadas”, refirió.

Otros inconvenientes que acaba de heredar el nuevo alcalde son 1820 juicios pendientes (gran parte de ellos por demandas laborales), 1600 procedimientos administrativos sancionados aún sin resolverse y cerca de 1 millón de soles que no han sido cobrados por el municipio gracias a sanciones y multas.

Por concepto de arbitrios municipales y de limpieza pública, otros 119 millones de soles tampoco han sido recaudados. Lo más grave de esto es que de esta cifra, 75 millones de soles ya no podrán ser percibidos por la entidad edil pues prescribieron al superar el límite de tiempo (4 años).

En cifras, el municipio de José Leonardo Ortiz tiene una deuda de 80 millones de soles pero casi la mitad de este monto (35 millones de soles) corresponden exclusivamente al pago de planillas.

Sin embargo, los obreros aún reciben su remuneración por los tres últimos meses del 2018.

En el caso de los trabajadores administrativos, la deuda también se ha acumulado por los sueldos impagos de noviembre, diciembre y por beneficio de gratificación.

Debido a todos estos inconvenientes, el alcalde ha anunciado que solicitará a través de una sesión de concejo la declaratoria de emergencia administrativa por un plazo de 90 días.

La autoridad también confirmó la continuidad del Minka Municipal aunque sostuvo que realizarán modificaciones para optimizar la recaudación. En la primera sesión, el concejo aprobó el desabastecimiento inminente por combustible. Durante la gestión anterior, según informaron, este recurso fue adquirido mediante compra directa sin estar sujeto a ley.