La Segunda Fiscalía Penal de Apelaciones de Lambayeque declaró la nulidad de la disposición N° 26 que, en agosto del año pasado, emitió la Fiscalía Anticorrupción para comunicar que no formalizaría investigación contra el empresario Edwin Oviedo Picchotito por los presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.
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Asimismo se ordena que el despacho fiscal (de primera instancia) comprenda al Estado como parte agraviada y notifique a la Procuraduría Pública para que desde ahí se ejerza una defensa jurídica por el delito de defraudación.
Además de Oviedo, se encuentran implicados en este caso Gerardo Ojeda Pimentel (gerente de la empresa D’Líbano Inversiones SAC), Guisell Chirito Villafuerte (gerente de la empresa Coali SAC), Felipe Cantuarias Salaverry, José Carlos Isla Montaño, Juan Carlos Eguren.
Del mismo modo César Arbe Saldaña, Carlos Andrade Villar, Segundo Marín Aguilar, José Guevara Chávez, Iván Gonzales Valdivia, Segundo Camacho Delgado, Segundo Ordinola Zapata y Juan Gonzalo Rodríguez Soto. El empresario Víctor Becerril Rodríguez también estuvo involucrado en la denuncia, pero él ya falleció.
La denuncia fue interpuesta en el año 2020 ante la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, y posteriormente fue derivada a la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, para luego arribar a la Fiscalía Anticorrupción donde se resolvió no continuar con las indagaciones, pero esto ha sido revertido
En la disposición de la Fiscalía Superior se precisa que sobre los jueces Liz Fabián Palomino (7mo Juzgado Civil) y Ary Terrones Meléndez (1er Juzgado Civil), denunciados por presuntamente favorecer a Oviedo con resoluciones judiciales para la administración de la empresa Tumán, será la Fiscalía Superior Penal Liquidadora de Lambayeque la encargada de realizar las averiguaciones y dar un pronunciamiento por tratarse de dos magistrados del Poder Judicial.
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