El fiscal provincial José Guevara Gilarmas, titular del Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, formuló acusación contra el exgerente general de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), Néstor Raúl Salinas Vásquez, y cuatro personas más por el presunto delito de colusión agravada. La imputación gira en torno a la obra “Mejoramiento de los Emisores Principales de la ciudad de Chiclayo”, contratada por más de S/ 85 millones.
Acusados
El requerimiento fue presentado ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de Lambayeque. Como alternativa, Guevara Gilarmas plantea el delito de colusión simple.
Salinas Vásquez es acusado como autor. Como cómplices figuran el asesor legal externo Elmer Luis Guillén Marroquín; los ingenieros Eduardo Vásquez Figueroa, exjefe del Equipo de Control de Obra y actual gerente de Epsel, y José Miguel Vásquez Mendoza, exgerente de Proyectos y Obras; y Américo Cabada Paz, representante del Consorcio Saneamiento Sipán, ejecutor de la obra.
El fiscal pide 6 años y 6 meses de prisión para Salinas Vásquez. Para Vásquez Figueroa, Guillen Marroquín y Cabada Paz solicita 6 años a cada uno. Para Vásquez Mendoza pide 9 años, porque registra un antecedente por cohecho pasivo propio. También solicita inhabilitación y días-multa.
Correo buscó la versión de Vásquez Figueroa, pero hasta el cierre de edición no obtuvo respuesta. De igual forma, se intentó contactar con representantes de Imagen Institucional.
Del “no” a los 145 días
Según la acusación, la obra debía terminar el 1 de agosto de 2016. En marzo de ese año, el consorcio pidió una ampliación de plazo de 258 días, alegando que la aprobación de un adicional de obra por S/ 114 mil había alterado la ruta crítica. Epsel la declaró improcedente el 31 de marzo de 2016, por resolución firmada por el propio Salinas.
Días después, el contratista acudió al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Lambayeque. El fiscal sostiene que las áreas técnicas y legales de Epsel advirtieron que no había sustento para conciliar. Aun así, afirma, el gerente general pidió informes que viabilizaran el acuerdo. El 21 de junio de 2016 se firmó un acta que anuló la denegatoria y otorgó 145 días de ampliación. La resolución que la formalizó, del 22 de septiembre de 2016, no habría llevado los vistos buenos de Asesoría Legal ni de la Subgerencia de Obras.
¿Inusitada?
Para el despacho de Guevara Gilarmas, el ritmo del trámite es un indicio de concertación. Denegar el pedido demandó 20 días de análisis, sostiene, mientras que la decisión de conciliar se tomó en menos de 24 horas. Añade que los informes técnicos favorables al contratista se emitieron el 20 de junio, un día antes de la firma del acta, y que el informe del asesor externo data del 15 de junio.
El fiscal atribuye además al contratista haber presentado un cronograma que aparentaba que tres de los cuatro frentes de trabajo empezaron recién en octubre de 2015. Las valorizaciones, afirma, mostraban avances de hasta 32,18 % a septiembre de ese año.
La Fiscalía calcula que la ampliación evitó una penalidad diaria de S/ 92 610,62 durante 37 días de retraso, entre el 27 de septiembre y el 3 de noviembre de 2016, fecha en que el contratista resolvió el contrato. El total es de S/ 3 426 592,94. La obra quedó con 61,74 % de avance físico.
Por reparación civil, Guevara Gilarmas pide S/ 1 500 000, a pagar de forma solidaria por los acusados. Si el juez optara por la calificación alterna de colusión simple, la cifra bajaría a S/ 200 000.
Lo que dicen
Guillen Marroquín sostuvo que su documento del 15 de junio de 2016 fue una ayuda memoria solicitada por el gerente general y no un informe legal decisorio. Afirma que su relación con Epsel fue de locación de servicios, según se lee en la acusación fiscal.
Cabada Paz declaró que la conciliación estaba prevista en el contrato y que la entidad propuso los 145 días, de los 800 solicitados en total. Explicó que la obra se detuvo por interferencias y falta de terrenos, lo que motivó la resolución del contrato.
Tesis fiscal apunta a evitar arbitraje
La Fiscalía sostiene que Salinas Vásquez, además de dirigir el trámite, buscó sustraer la controversia del arbitraje. Según la imputación, prefirió la conciliación en lugar de dejar que el contratista fuera a arbitraje, “donde un tribunal imparcial podía revisar” sus argumentos, entre ellos el Diagrama de Gantt que, según el fiscal, contenía información que no correspondía a la realidad.
Etapas
Corresponderá al juzgado evaluar el requerimiento de Guevara y decidir si el caso pasa a juicio oral. Antes, se espera el control de acusación.
