El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo rechazó un pedido de prisión preventiva de la Fiscalía Anticorrupción en contra del suboficial de Seguridad del Estado, Víctor Manuel Inoñán Lozano, por presuntamente haberse apropiado de una suma de dinero perteneciente al electo diputado por Lambayeque, Ernesto Zunini Yerrén.
Tras su detención, el último fin de semana, este agente había sido denunciado por supuesto cohecho pasivo en agravio del Estado.
Decisión
El último miércoles, luego de escuchar las alegaciones de las partes, el juez Reynaldo Leonardo Carrillo declaró infundados los elementos de convicción presentados para recortar la libertad de Inoñán, y dispuso que este quede en libertad, aunque sujeto a reglas de conducta.
El abogado defensor, Javier Cieza Vásquez, señaló que, de acuerdo a la denuncia, los hechos configurarían el presunto delito de apropiación irregular de bien perdido, el cual no supera la pena de 5 años de cárcel, que es uno de los requisitos para la prisión preventiva.
“El otro señor implicado, que ya fue liberado, asegura que mi patrocinado le dio dinero para que permanezca callado, y la Fiscalía insistió en plantear el cohecho pasivo. La investigación continuará para establecer si realmente es un caso de corrupción. De resultar un hecho penal común, será la Fiscalía de José Leonardo Ortiz la encargada de continuar con el proceso”, detalló el letrado.
Como se recuerda, el incidente se registró en el mercado mayorista Moshoqueque, en medio de un mitin de campaña electoral del candidato de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez.
Una escenario que se manejaba para este efectivo era la terminación anticipada. Con ello, habría aceptado el delito y recibido una sentencia. El abogado Cieza señaló que hubo “presiones” para admitir lo que no correspondía.
Chiclayo: juez descarta prisión preventiva para agente acusado de apropiarse de dinero
El Poder Judicial ordenó la libertad del suboficial Víctor Manuel Inoñán Lozano al considerar que la Fiscalía Anticorrupción no sustentó adecuadamente el pedido de prisión preventiva. La investigación continuará para determinar si el caso constituye un delito de corrupción o una presunta apropiación irregular de bien perdido.