La OCMA encontró miles de expedientes sin admitir o que no tenían calificación.
La OCMA encontró miles de expedientes sin admitir o que no tenían calificación.

Durante los últimos años, magistrados de la Corte de Justicia de contaban con resguardado policial, debido al riesgo que enfrentaban al resolver casos de crimen organizado. Sin embargo, desde este mes los agentes de Seguridad del Estado han dejado de brindar seguridad a las juezas Cecilia Grandez Rojas y Mary Nuñez Cortijo, pese a las amenazas que habrían recibido de bandas delictivas.

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Esto fue confirmado por el general PNP Rafael Ríos Zavala, jefe de la II Macro Región Policial, quien replicó que - según el Reglamento sobre Protección de Dignatarios - a los jueces no les corresponde seguridad.

“Solamente se está dando cumplimiento al reglamento; pero si un juez requiere la seguridad de la Policía tiene que justificarlo mediante un informe que se envía al Ministerio del Interior, el cual lo evalúa y dispone”, señaló.

La autoridad policial insistió que no es su despacho el que decide otorgar o retirar seguridad policial a un magistrado amenazado, sino el Ejecutivo.

Por último, indicó que ante supuestos actos de corrupción en la PNP, ha dispuesto cambios de suboficiales en el área de Tránsito, Carreteras, comisarías de JLO y Atusparia. “En el caso de comisarios por ser oficiales superiores son cambiados mediante resolución ministerial”, dijo.