Un grupo de trabajadores de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (JLO), reincorporados a sus puestos por disposición judicial bajo el régimen laboral privado (Decreto Legislativo N° 728), denuncia que la comuna acumula hasta cuatro meses sin cancelarles sus remuneraciones. Las quejas fueron presentadas ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que ya admitió las solicitudes de actuación inspectiva por este motivo.
Denuncia
Los expedientes corresponden a serenos y policías municipales de la comuna, entre ellos agentes motorizados del Centro Operacional de Seguridad Ciudadana. Una de las solicitudes, registrada a mediados de setiembre ante Sunafil-Lambayeque, señala que el trabajador fue repuesto a mediados de julio, pero no había recibido su remuneración de julio ni agosto (S/ 1.600) ni sus boletas de pago.
“Somos contratados 728, pero ahora somos repuestos judiciales”, señala la denuncia recibida por Correo, que da cuenta de un grupo más amplio de trabajadores con hasta cuatro meses de impago.
Consultado por Correo, el gerente municipal Segundo Tiravanti Delgado sostuvo que las reposiciones por medida cautelar son temporales, y que solo una resolución judicial firme permite inscribir el pago en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Mientras no se tenga la resolución judicial firme, no se puede inscribir en el (sistema) administrativo”, explicó.
El funcionario indicó que la comuna prioriza el pago al personal con sentencia firme y atribuyó los atrasos a la falta de transferencias del Gobierno central. Pagaron con normalidad hasta mayo de 2026, pero las gestiones para una transferencia adicional no prosperaron tras un cambio de ministros, y se sumó la Ley de Presupuesto Público, que este año restringe nuevas asignaciones por el proceso electoral.
Tiravanti Delgado explicó que buena parte del pago al personal de seguridad ciudadana, serenazgo y policía municipal, depende de la recaudación tributaria propia del distrito y de bonos otorgados por el Ministerio del Interior en función del cumplimiento de metas, y no de una transferencia íntegra del presupuesto institucional.
“No es que la municipalidad no quiera pagar (...) no tenemos los recursos al 100%, pero también estamos limitados”, afirmó, y precisó que, en el caso del personal repuesto, la comuna asume igualmente obligaciones como el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) y los aportes a la AFP, además de la remuneración.
El funcionario negó que la municipalidad decidiera no pagar a los repuestos que no apoyen la campaña del exalcalde vacado Elber Requejo, y calificó esa versión como “un tema subjetivo”.
¿Contrario?
Los repuestos señalan que los locadores de servicios sí cobran puntualmente. Denuncian represalias y exigen acción de Sunafil.
