¿Cómo se compra más de 400 hectáreas en Chaparrí?

Antes de que el Ministerio del Ambiente renovara de manera perpetua el reconocimiento del Área de Conservación Privada (ACP) Chaparrí, en el área más extensa donde se ubica esta reserva natural se modificaron los límites entre lo comunal y lo privado.

Alrededor de las más de 34 mil hectáreas de la ACP Chaparrí, los terrenos pueden estar registrados a favor del Estado, como propiedad de alguna comunidad campesina o a nombre de terceros.

Es precisamente la titularidad de las hectáreas lo que ha provocado violentas disputas, denuncias por presunto tráfico de tierras y hasta una histórica sentencia en 2018 por la depredación de especies forestales.

Aunque se ha hablado de invasores e incendios provocados con la intención de cambiar el uso de las tierras, pocas veces se ha precisado sobre cómo un tercero es capaz de comprar y registrarse -sin vicios legales- como propietario de áreas alrededor de Chaparrí.

En la siguiente historia, los documentos que confrontan a dos personas por la posesión de hectáreas en el sector Cuculí, en el distrito de Chongoyape, salpican a entidades dedicadas al registro de bienes, a la Comunidad Campesina Santa Lucía de Ferreñafe y al socio de una prestigiosa firma de abogados en Lima.

GANGA

El 26 de enero de ese año, el abogado Francisco Javier Montengro Ubillús y dos representantes de la Comunidad Campesina Santa Lucía firmaron una escritura pública de compra-venta.

En los papeles, Montenegro Ubillús figuró como “comunero” y con un domicilio en Chiclayo mientras los vendedores, Armando Chanamé de los Santos y José Antonio Larios Ayala, como representantes legales de la comunidad campesina.

Estos dos últimos ocuparon el cargo de presidente y secretario de la comunidad Santa Lucía, respectivamente, hasta fines del 2001.

De las 71,342 hectáreas de la que hasta ese momento reconoció ser propietaria la comunidad campesina, los vendedores transfirieron en venta definitiva unas 966.70 hectáreas de terreno eriazo a favor de Francisco Montenegro Ubillús.

El precio de la transacción resultó bastante beneficiosa para el abogado ya que cada hectárea fue valorizada en apenas dos soles, es decir, un total de S/ 1,933.40.

El monto fue “pagado en dinero efectivo” y quedó registrado en un recibo de pago con fecha 11 de julio del 2000, según señalan los documentos de Sunarp.

Francisco Montenegro Ubillús es miembro de la firma Daly, Otero & Florez Abogados desde 1997 y socio de esta misma compañía desde 2009.

Además, este abogado de la Universidad de Lima es socio de la firma Daly, Otero, Florez y Núñez del Prado abogados desde enero de 2014. Estos datos son parte de la descripción profesional de Montenegro Ubillús que aparece en la página web de la firma Daly Otero, Flórez y Núñez del Prado.

“Abogado con experiencia en las áreas de derecho comercial, corporativo, contractual, (…). Consultor externo del directorio y gerencia de empresas industriales, del sector energético, inmobiliario y de construcción, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, corredores de seguros, asociaciones civiles, educativas y deportivas, fundaciones y sociedades offshore”, son las aptitudes de Montenegro Ubillús que destaca la firma Daly Otero, Flórez y Núñez del Prado.

El portal web de este prestigioso estudio también asegura que Montenegro Ubillús es miembro del Colegio de Abogados de Lima desde 1997.

Lo curioso es que este año coincide con las fechas que se declararon para el acto de compra-venta.

En el documento notarial, se menciona que el 13 de enero de 1997, la comunidad campesina Santa Lucía inscribió un certificado de posesión comunal a favor de Montenegro Ubillús para la conducción de las 966.70 hectáreas ubicadas en el sector Cuculí, en Chaparrí.

Desde esa fecha hasta que se efectuó la compra (2001), Montenegro Ubillús habría ejercido la posesión y conducción de las tierras “por más de cuatro años”.

De su certificado de posesión comunal no se encontró alguna copia en los archivos de Sunarp. Enviamos un correo electrónico a la firma de abogados Daly Otero, Flórez y Núñez del Prado para comunicarnos con Montenegro Ubillús, pero no obtuvimos respuesta.

Quien sí nos respondió fue Gloria Mori Carrasco, actual presidenta de la comunidad campesina Santa Lucía.

Cuando la buscamos inicialmente en su oficina, buscaron sin éxito el nombre del abogado en el registro de comuneros inscritos.

Aquella vez, sorpresivamente, encontramos al comunero Víctor Medina Pérez quien se mostró sorprendido de ver su firma, junto a la de Larios Ayala y a la de Chanamé de los Santos, en los documentos de la compra-venta.

Aunque le pedimos una entrevista, desde luego, se negó pero indicó que no conocía a Montenegro Ubillús luego de mostrarle una foto del abogado.

“Por favor, que venga quien es el interesado, usted no es una entidad pública. O en caso contrario, si hay alguna denuncia, ya tendrán que citarnos. (…) No lo conozco (en referencia a Montenegro Ubillús)”, señaló Víctor Medina.

Después de aquel encuentro, pudimos hablar con Gloria Mori quien rechazó que el abogado limeño sea o haya sido en el pasado un comunero.

Según explicó la presidenta de la comunidad campesina, en 1998 se acordó por primera vez de iniciar los trámites para la titulación de las tierras.

“Recién en el 2009, 2010, empieza a titularse. Antes no hubo titulación. El título es de la comunidad, las tierras son comunales. (…) Si usted ve, todo eso lo han hecho en Lima, no acá, en Chiclayo, y eso no está bien porque en ese entonces no se tituló a nadie”, indicó tras ser consultada por la compra-venta firmada con Montenegro Ubillús a la que calificó de “supuestamente irregular”.

Nuevo propietario

Esta vez, Montenegro Ubillús se identificó como abogado y con un domicilio en el distrito de Lince, para realizar la renuncia unilateral de una parte de las 966.70 hectáreas.

A través de un notario, el abogado realizó el trámite para quedarse como propietario de solo 450.2988 hectáreas y renunciar al resto del terreno.

Además, Montenegro Ubillús solicitó que el parte notarial sea tramitado por Ernesto José Francisco Gayoso Franciosi, el beneficiario final que compró las 450 hectáreas.

Luego de pagar S/ 35,000 (dieciocho veces más del valor por el que lo adquirió Montenegro Ubillús), Ernesto Gayoso presentó planos, un certificado de zona catastrada y una memoria descriptiva de predio agrícola, los dos últimos avalados por Cofopri.

Antes de lograr que Sunarp independice las 450 hectáreas, el ente registral observó que en las partidas de la comunidad campesina Santa Lucía no figuraba la inscripción del consejo directivo de los años 2000-2001 (integrada por Antonio Chanamé de Los Santos y Antonio Larios Ayala).

Por este hecho, la Sunarp aseguró que no podía verificar si este consejo directivo tuvo facultades de representación cuando se hizo la compra con Montenegro Ubillús.

“A fin de proceder a la inscripción, es necesario que el acto celebrado sea ratificado por los actuales representantes (en este caso, de la comunidad campesina) con facultades vigentes para disposición de bienes inmuebles”, se lee en el comunicado enviado por Sunarp a Ernesto Gayoso.

Al parecer, el inconveniente pudo resolverse pues Ernesto Gayoso no solo pudo independizar el predio sino lotizarlo.

A la fecha, los cinco lotes en los que se divide el predio denominado “Pampas de Abrogal” están a nombre de la sociedad conyugal formada por Ernesto Gayoso Franciosi y Ana Lucía Susana Odiaga Zevallos.

CAMINOS OPUESTOS

Ella conserva un certificado de posesión comunal firmado por Armando Chanamé de Los Santos y Antonio Larios Ayala en diciembre de 1997.

Con ese documento, Lidia Chillón argumenta ser posesionaria de 100 hectáreas ubicadas dentro del predio que registró años después Ernesto Gayoso ante Sunarp.

Ella recuerda haber solicitado las 100 hectáreas para realizar labores de pastoreo.

Lidia es una mujer de 48 años que trabaja como docente en el distrito de Chongoyape. Hace dos años, escuchó las primeras versiones de algunos vecinos que aseguraban haber sido notificados sobre las tierras de propiedad de Ernesto Gayoso. Sin embargo, no fue hasta hace algunas meses, que decidió consultar sobre el estado de sus tierras en la Comisión de Regantes de Chongoyape.

Segú explicó Lidia Chilón, en esta última entidad le recomendaron que conformara una asociación para evitar el despojo de sus tierras. Sin embargo, aunque intentó reunir a un grupo de personas, Lidia Chilón asegura que ya desistió de esta opción.

Además de las 100 hectáreas que solicitó en 1997, Lidia Chilón reconoce haber comprado 60 hectáreas en 2003 a Wilder Requejo Vallejos, por un total de 6,500 soles.

Como prueba de ello, Lidia Chilón guarda un contrato de traspaso de terreno y el certificado de posesión comunal que estuvo a nombre de Wilder Requejo Vallejos por las 60 hectáreas.

“En el 2007 me entero que la entrada de esas (60) hectáreas eran del Estado. Yo quería titularlas pero los vecinos me dijeron que para eso, Cofopri pedía que esas áreas tenían que estar con sembrío. Querían que todo esté cultivado, y que no nos podían dar más de 15 hectáreas. Si la ley mandaba 15 hectáreas, no me explico cómo al señor (Ernesto Gayoso) le dan 450”, contó Lidia Chilón.

Ella aún puede recorrer las hectáreas de la que asegura ser posesionaria mientras mira a la distancia, el imponente reservorio de agua Tinajones.

Hace un año, un ingeniero que contrató para hacer los planos de sus tierras le aseguró que allí existía un potencial de extraer minerales.

Incluso, Lidia asegura que la empresa minera mexicana Fresnillo llegó el año pasado para realizar exploraciones cerca de la zona.

Mientras Lidia Chilón reclama ser la posesionaria de 160 hectáreas, Ernesto Gayoso ha iniciado algunos trámites para acceder al uso de agua.

El 5 de julio de este año, presentó un documento a la Comisión de Regantes de Chongoyape para solicitar una verificación del campo y la posterior emisión de una constancia que es requerida por la Autoridad Local del Agua (ALA) del valle Chancay-Lambayeque.

Esta última entidad, según sostiene en la carta Ernesto Gayoso, le ha solicitado que la comisión de Usuarios de Chongoyape emita una constancia en la que certifique que su incorporación como nuevo usuario “no originará ningún conflicto con posibles usuarios formales aguas abajo del punto de captación del puente tablazos”.

Además, el 30 de agosto del 2018, el Proyecto Especial Olmos-Tinajones (PEOT) emitió un oficio para autorizar la visita de Ernesto Gayoso al reservorio Tinajones.

Nos comunicamos telefónicamente con Ernesto Gayoso quien se negó a responder sobre cómo conoció a Francisco y el objetivo por el que ha presentado documentos a la Comisión de Regantes de Chongoyape.

“Yo he comprado a un tercero de buena fe. A quien tiene que llamar es al señor Montenegro. Yo no tengo nada que ver. Estoy inscrito en registros públicos, cumplí con todos mis requisitos. Eso me tomó cuatro años”, expresó.

Intentamos comunicarnos con Armando Chanamé de los Santos (exdirectivo de la comunidad campesina) pero no pudimos ubicarlo. En el caso de José Antonio Larios Ayala, su muerte nos impide obtener su versión de los hechos.

En medio de esta controversia, ¿cuál es el impacto de la lotización de tierras alrededor de la ACP Chaparrí?

El administrador técnico Forestal y de Fauna Silvestre en Lambayeque, Carlos Calderón Vargas aclaró que Serfor no puede intervenir en la administración de áreas privadas.

Sin embargo, sostuvo que cualquier actividad agrícola que se planee ejecutar en la zona de impacto de la reserva debe pasar por una previa autorización.

“La Autoridad Nacional del Agua nos va a pedir un informe para ver si ya se hizo el trámite para el desbosque (tala de árboles). Lo primero que tiene que haber es un trabajo en el Ministerio de Agricultura para que la capacidad de uso mayor de la tierra sea agrícola. Una vez que se logra eso, nosotros (Serfor) damos una autorización de cambio de uso. Para que le demos esa autorización, hay que ver que afecte lo menos posible y se comprometa en que lo que está desforestando, lo restituya en otro lugar”, explicó Calderón Vargas.