El Órgano de Control Institucional (OCI) detectó un perjuicio económico en la Municipalidad Distrital de Pimentel, el cual fue ocasionado por un grupo de funcionarios.
De acuerdo al informe de control posterior N° 35-2024, existen responsabilidades penales, civiles y administrativas entre los involucrados, debido a que permitieron la contratación de una proveedora que se encontraba impedida de prestar servicios al Estado.
Se trata de Luis Alberto Ponce Ayala (jefe de la Oficina de Administración), Elsa Elvira Aguirre Purizaca (asistente administrativo de la Oficina de Abastecimiento), Armando Rafael Monteza Rojas (jefe de la Oficina de Abastecimiento) y Marina Lalangui Quinde (jefa de la Oficina de Contabilidad).
En base a los expedientes analizados por el OCI se concluye que, entre los meses de marzo y julio de 2023, el municipio contrató a Eliana Jocelyn Barriga Vizcarra para que labore en el área de Abastecimiento.
Ello ocurrió a pesar de que Barriga no presentó la documentación para demostrar que contaba con los conocimientos y la experiencia para cumplir esa función.
Además, los funcionarios no investigaron en la Autoridad del Servicio Civil (Servir) los otros antecedentes de dicha proveedora.
La Corte Superior de Justicia de La Libertad informó a Servir que dicha ciudadana registra una condena por negociación incompatible (delito contra la administración pública), y que a través de esta la impusieron una sanción de inhabilitación para ejercer cargo o función en el Estado por el periodo de 3 años.
Esa sentencia se hallaba vigente al momento en que fue incorporada a la comuna de Pimentel.
En la página 11 del informe N° 35 se explica que “la entidad contrató a Eliana Barriga, quien al tener condena penal por delito registra inhabilitación permanente vigente; tal situación no fue validada por el jefe de la Oficina de Abastecimiento, Armando Monteza, quien debió prever los mecanismos de control y supervisión para garantizar una correcta contratación en apego a la normativa.
En cuanto a Luis Ponce, el OCI señala que este visó y selló la conformidad de la orden de servicio N° 816, de fecha 13 de junio de 2023, lo que permitió que Barriga cobre una remuneración de S/ 7 000.
Asimismo, Ponce impulsó el trámite de pago de los informes alcanzados por la locadora, y ello sucedió incluso cuando esta no cumplió con el total de actividades programadas en los términos de referencia del contrato.
En los pagos efectuados, esta trabajadora no adjuntó los documentos que sustentaban su labor desarrollada.
Es preciso señalar que las irregularidades de este caso ya fueron detalladas al despacho del alcalde distrital, Enrique Javier Navarro Cacho Sousa.
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