Desalojo de 200 familias en Batangrande deja un herido

Un promedio de 200 familias del caserío La Campana B y D, ubicado en Batangrande, del distrito de Pítipo, fueron desalojados de sus predios tras un proceso judicial con la empresa Agroindustrial Pucalá.

La diligencia que estuvo a cargo del magistrado René Zelada Flores, del Octavo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, contó con la presencia de 600 uniformados de las diferentes unidades policiales de Chiclayo, así como agentes de Trujillo y Cajamarca.

Llamó la atención la gran logística vehicular que tuvieron los efectivos para movilizarse, como un helicóptero que estuvo dispersándose por la zona por varias horas, dos drones y decenas de patrulleros de las diferentes comisarías.

HECHO

Los uniformados ingresaron al sector la Campana B tratando de dispersar a los comuneros opositores y lanzando algunas bombas lacrimógenas y disparos al aire, pero los moradores respondieron.

Tras ingresar a los predios, los moradores y policías ingresaron hasta la zona en disputa, en donde el juez a cargo y abogados realizaron la inspección y se firmó el acta de peritaje de delimitación de los terrenos de ambas partes.

Después de la diligencia, los uniformados con apoyo de un cargador frontal iniciaron la demolición de las viviendas, sin embargo algunos moradores que estaban escondidos en los pastizales comenzaron a realizar disparos, teniendo los uniformados que responder. Debido a este enfrentamiento, uno de los moradores de la zona, identificado como Walter Rivera Vásquez (36), fue impactado por una bala perdida.

El herido dijo estar en la carretera penetración San Luis de Motupillo cuando fue herido por un arma de fuego a la altura del hombro izquierdo, siendo trasladado hasta el hospital Regional de Lambayeque, donde se encuentra internado en el área de cirugía.

POBLADORES

La familia Sánchez fue desalojada de sus predios e indicaron que nunca les notificaron, que siempre les indicaron que iban a desalojar pero no sucedía y finalmente no lograron retirar sus pertenencias.

“Esto es una injusticia, no tenemos dónde ir, somos 7 integrantes de nuestra familia, ahora nos han quitado nuestra casa que hemos construido y comprado a otros hace muchos años”, precisó una de las agraviadas.

Seis integrantes de la familia Díaz Pérez también fueron retirados de sus viviendas con bombas lacrimógenas. Los moradores precisaron que viven de la agricultura sembrando frijol y maíz, ahora se han quedado sin casa y sin campos de cultivo.

El presidente de las rondas campesinas, Aladino Silva García, dijo que los agricultores cuentan con una inscripción y el traspaso de la posesión de las unidades catastrales a su nombre que están divisados por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), cada parcelero tiene el terreno a su nombre y no como comunidad. Además, comentó que el proceso inició con 57 hectáreas, pero ahora solicitan un aproximado de 220 hectáreas.

DEFENSA

Asimismo, expresó que en el año 2006 los agricultores participaron del proyecto especial de titulación de tierras y catastro rural, en donde fueron empadronados con fines de titulación, pero por temas de presupuesto en aquel entonces no se llegó a completar.

El defensor de los campesinos dijo que ellos habitan desde antes del año 2000, pero recién en el 2006 la empresa Pucalá inicia el proceso por usurpación de terrenos.

“Hay varios recursos que están pendientes, sin embargo el juez se ha contradicho, pero se interpondrán algunas acciones y nos darán la razón”, acotó.