Fiscalía pedirá medida de prisión preventiva para investigados por el caso “La sociedad”

La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque pedirá prisión preventiva para 3 de los investigados por presuntos hechos de corrupción en la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCH).

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El plazo de detención preliminar de 72 horas ordenado por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, está próximo a vencerse, por lo cual se espera un pronto pronunciamiento del Ministerio Público.

En razón a que los demás procesados superan los 50 años de edad, los abogados defensores solicitarán, llegado el momento, que el juzgado imponga medidas de comparecencia o arresto domiciliario, pues la salud de sus patrocinados podría correr riesgo en una cárcel.

Cabe recordar que entre los detenidos figuran: María Reynoso de Vargas, María Rosa Vásquez Pérez, Carlos Uriarte Núñez y Franklin Gonzales Salazar.

Además, Martha Chávez Alarcón, Juan José Ferroñán Viera, Martha Pita Mundaca, Felipe Llerena Gómez, Elena Barrueto Horna y José Manuel Niquén García.

Ayer en la mañana, el juez Reynaldo Leonardo Carrillo realizó el control de identidad con cada uno de los denunciados. Carlos Uriarte, médico de profesión y exgerente regional de Salud, se conectó por videollamada desde una clínica, donde fue internado el mismo día de su captura luego de sufrir una descompensación.

Como se recuerda, en el caso ‘La Sociedad’ se investiga el direccionamiento en la compra de un terreno a un precio que supera el millón de dólares. El área debía servir para la construcción de un nuevo cementerio.

En problemas

A criterio de algunos abogados consultados por este diario, la situación legal de los implicados es difícil, porque la Fiscalía ha logrado reunir varios informes que evidenciarían las irregularidades que facilitaron el accionar delictivo.

Entre ellos se encuentra el informe N° 88-2018 con el cual el jefe de la Oficina de Administración, Juan Barrera Espinoza, informó a la imputada Martha Chávez, que por iniciativa propia había realizado gestiones ante el Gobierno Regional de Lambayeque para que dicha entidad done un terreno.

Pese a este detalle, el también denunciado José Niquén, en su calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) de la SBCH, convocó al

procedimiento de contratación directa N° 01 “Adquisición de un terreno para el nuevo cementerio”.

El 12 de junio del 2018, Niquén, quien además era jefe de la Unidad de Logística, a través de la Carta N°001 invitó al empresario italiano, Massimiliano Mizzi, en el marco del referido procedimiento directo.

Bastaron solo 24 horas para que Niquén otorgue la buena pro a Mizzi en base a la propuesta que este último presentó respecto a una zona ubicada en el sector Las Pampas del distrito de Pimentel.

A fines de mes ocurrió una movida extraña en la Beneficencia y es que el exjefe de Ingeniería, Juan José Ferroñán dio conformidad a las características del inmueble y recomendó la cancelación del valor del predio a Mizzi.

Entre el 3 y 9 de julio, se realizaron los pagos al empresario, para lo cual se tuvo que tramitar la incorporación de mayores fondos al presupuesto de la institución.

Los actos anteriormente descritos habrían sido parte de una concertación, pues en agosto del 2019 el municipio de Pimentel emitió el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios en el cual se señala que al terreno ubicado en Las Pampas cuenta con autorización para la construcción de viviendas y residenciales.

Ese mismo año, el nuevo jefe de Ingeniería, Adalberto erto Vizconde Linares, señaló que el predio adquirido tiene forma irregular, por lo que recomendó que se destine para otros usos porque no cumple con los requisitos para un de nuevo camposanto.