Fiscalía persigue bienes ilícitos de traficantes en la región Lambayeque

Los delitos de tráfico de productos forestales, de productos hidrobiológicos y el tráfico ilícito de drogas son los que más generan bienes de procedencia ilegal, los cuales son incansablemente perseguidos por el las autoridades.

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La Fiscalía Provincial Transitoria en Extinción de Dominio (Fipted) de Lambayeque lleva 3 años y 7 meses recuperando para el Estado, bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones, que alguna vez estuvieron en manos de ciudadanos que fueron procesados por graves delitos.

El procedimiento de extinción no es sencillo, ya que solo aplica para bienes cuyo valor es mayor o igual a las 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

“Es el rango que establece la ley, menos de esa cantidad no procede”, señala la fiscal provincial, Lisset Velásquez Porras.

Indagación

La ley de extinción de dominio establece que la indagación es muy reservada y por eso el Ministerio Público no notifica al investigado (s) ni a su defensa. Este recién se entera cuando el juzgado emite una resolución que ordena la ejecución.

Asimismo, las instituciones públicas o privadas a las cuales se solicita información deben entregarla con absoluta reserva.

“El Estado peruano busca con este mecanismo demostrar que existen consecuencias patrimoniales para quienes incurren en actos ilícitos. Muchas veces los involucrados reclaman que no fueron avisados, pero todo nuestro trabajo parte de una investigación, que luego es debatida ante el juez”, agregó la fiscal Velásquez.

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Millones

Hace poco el equipo de la Fiscalía en Extinción de Dominio de Lambayeque participó en un operativo de ejecución de incautaciones fiscales relacionadas a delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, contra el Medio Ambiente y Contrabando, por un valor que supera los S/5 millones de soles.

La diligencia se sustentó en una medida cautelar, que fue confirmada judicialmente. Además esta jornada contó con el apoyo de personal de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) de Lima.

Las posesiones fueron entregadas al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), desde donde se asignará a diversas instituciones del Estado

En total se incautaron 5 inmuebles, 5 máquinas cosechadoras y 32 vehículos. Todos los bienes valorizados por un monto de S/ 5′306,530.29

Este trabajo se realizó entre los días 1 y 3 de febrero contaron con la participación del equipo liderado por Lisset Velásquez, entre quieres se encuentran: Guillermo Franklin Olivera Samamé y Óscar Antonio Landívar Ynami.

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Si se trata de cifras, esta Fiscalía ha alcanzado durante los años 2021 y 2022 86 sentencias fundadas de declaratoria de extinción de dominio a favor del Estado, representado por el Pronabi, contra 86 bienes (72 bienes muebles y 14 bienes inmuebles ) por un valor de S/ 8′ 877,776.13.

Este periodo de indagaciones también muestra que los bienes eran utilizados como instrumentos de actividades ilícitas relacionadas al tráfico ilícito de drogas, contrabando, tráfico ilegal de productos forestales maderables, tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre; y, secuestro, los mismos que a la fecha han sido transferidos a la esfera patrimonial del Estado de manera definitiva.

Aunado a lo anterior, el Ministerio Público de Lambayeque informó que, conforme al oficio circular N° 137-2022, de fecha 9 de noviembre de 2022, emitido por la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, La Fipted Lambayeque destaca en el primer lugar del ránkig de sentencias judiciales fundadas, desde junio del 20219 hasta octubre del 2022.

¿Existe conflicto?

Entre los juristas todavía persiste el debate respecto a si la extinción de dominio vulnera el artículo 70 de la Constitución Política sobre la inviolabilidad del derecho a la propiedad. Esta norma señala que el Estado lo garantiza y que se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. “A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciadaque incluya compensación por el eventual perjuicio”, señala dicha norma.

La extinción de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas, mediante sentencia emitida respetando el

debido proceso, sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido o tercero.

“Se trata de un proceso especial independiente de la persecución penal. Aquí se trabaja en base a la licitud y aplica para los delitos de terrorismo, tráfico, corrupción, contrabando, secuestro, lavado de activos, extorsión y criminalidad organizada. Toda actividad ilegal que genere bienes, por eso se enfatiza en que es una investigación del patrimonio”, explicó el exprocurador anticorrupción de Lambayeque, José Neciosup Chancafe.

Agregó que cuando una persona muere durante el desarrollo de su proceso, la investigación penal se archiva, pero la extinción de dominio, de encontrarse bienes a su nombre, puede continuar hasta la ejecución de la incautación.

“El acusado pierde su derecho a la propiedad porque la Fiscalía demuestra que se trata de bienes de origen ilícito o que son usados para la comisión de delitos”, enfatizó Neciosup.

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Millones

Ayer, efectivos de la Comisaría Campodónico dieron con el paradero de la unidad de placa de rodaje M5T-229, que registraba una requisitoria vigente por el delito de tráfico de drogas.

El personal informó a su comandancia que se encontraban a la altura de la carretera Chiclayo- Pomalca, desde donde interceptaron la unidad de marca Chevrolet y de color blanco.

Esta era conducida por el ciudadano identificado como Paul Antony Martínez Campos (53), con DNI 07869742.

Al realizar la consulta en el Sistema Policial ESINPOL, dio como resultado que la unidad es parte de un proceso tramitado ante el Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Lambayeque , a través del oficio N°00122-2022 , expedido el 21 de noviembre del año pasado.

Sobre el vehículo existía una medida cautelar. Es una de las formas de incautar los bienes que guardan relación con actividades delincuenciales.