Funcionarios del Estado en la mira por graves delitos

Bajo la lupa del Ministerio Público. Así se encuentra tanto el jefe de la Unidad Territorial Chiclayo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), Ángel Dino Silva Castillo; como Jenny Clarivel Núñez Marín, quien hace solo unos días fue designada como directora de la Estación Experimental Agraria Vista Florida del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

PECULADO

El caso se remonta a cuando Silva Castillo ocupaba el cargo de jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Bagua. En el 2014, fue designado como coordinador técnico del proyecto “Mejoramiento de la capacidad de gestión municipal”.

De acuerdo al expediente, en el marco de dicho proyecto es que se habría dado una inadecuada administración de servicios de capacitación y fondos públicos por encargos internos, lo que ocasionó un perjuicio de 59,658 soles para la comuna, debido a que los funcionarios responsables facilitaron el pago de dicha suma a través de la Oficina de Tesorería.

Entre dichos responsables figura el mismo Dino Silva, a quien se le imputa el presunto delito de peculado doloso, así como Daniel Ángel Santos Custodio, en ese entonces jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial del municipio, investigado ahora por supuesta negociación incompatible o aprovechamiento indebido en el cargo.

RECIBOS

No obstante, dichas personas no habrían acreditado su especialidad en gestión pública, además de no contar con un contrato suscrito con la comuna, por lo cual, según menciona el Ministerio Público, no existe evidencia de que hayan prestado los servicios por los cuales se giraron los respectivos recibos por el monto de S/ 12,600.

Además, se indica que en los recibos de Jean Carlo Yarleque el número de la autorización de impresión no coincide con el registrado por la Sunat, además de que estos fueron emitidos con fecha anterior a dicha autorización.

En cuanto a Blanca Odalis, se advirtió que sus recibos fueron emitido con números no autorizados por la Sunat. Incluso, durante su declaración tomada el 4 de octubre del 2017, ella señaló que se dedica al servicio de refrigerios y no de capacitaciones, según recoge el Ministerio Público.

La denuncia original también menciona que se realizaron pagos indebidos y no autorizados por 3,708 soles, tras lo cual, el 17 de octubre del 2014, se suspendió todo pago al proyecto en cuestión.

Pese a ello, Silva Castillo habría incluido en su rendición de cuentas una boleta girada a nombre de Germán Vélez Pérez por la impresión de certificados de capacitación, por S/ 1,208, que nunca serían entregados.

VERSIÓN

Con dicho objetivo, se solicitó el envío de un correo electrónico que fue remitido en su momento y tras lo cual Dino Silva indicó que informaría en cuanto tenga la confirmación del caso.

Al no obtener respuesta, Correo insistió en la víspera a través de la vía telefónica, sin embargo, el funcionario solo atinó a señalar que se encontraba en una reunión.

IMPLICADA

Sin embargo, llamó la atención el hecho de que el nombre de Jenny Núñez Marín figure entre las personas que fueron implicadas en la presunta organización criminal “Los Ilegales de Amazonas”, la misma que, de acuerdo a la Fiscalía, se dedicaba a la inscripción de laudos arbitrales para adquirir predios agrícolas utilizando documentos falsos.

La red de “Los Ilegales de Amazonas” fue desarticulada el pasado 4 de octubre del 2018, cuando un gran contingente de policías y fiscales allanaron las viviendas de 27 investigados, entre ellos, el alcalde del distrito de Cuispes, Pedro Mori Rojas, quien fue detenido.

Entre los involucrados también figura Jenny Núñez Marín, para quien, según se supo, no fue aceptado el pedido de detención preliminar, pese a lo cual sigue siendo investigada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor).

Según el Ministerio Público, “Los Ilegales”, tras inscribir los laudos arbitrales, recurrían a notarios (que también eran parte de la red) para que los mismos sean elevados a escrituras públicas. La posterior venta de los terrenos a terceros habría permitido a los supuestos integrantes de la organización obtener considerables beneficios económicos.

CONSULTADA

A través de la línea telefónica, Núñez Marín aseguró haber renunciado al cargo de directora en INIA. “He renunciado por razones personales que tengo y no estoy ahora como directora”, indicó.

Consultada sobre la investigación en su contra, Núñez alcanzó a indicar: “no tengo ningún tipo de restricciones, son razones personales por las cuales he renunciado, porque yo soy docente en una universidad”.