La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque está inmersa en un grave hallazgo.
Distintas acciones de control de este año determinaron que esta unidad pagó S/ 24 mil 500 a un ingeniero civil por la formulación de 7 expedientes técnicos, a pesar de que dicho servicio no se realizó a cabalidad.
El informe N° 09-2023, emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI), señala que un grupo de funcionarios de la Gerencia de Transportes tendrá que afrontar las consecuencias penales y administrativas por haber procedido en contra de los intereses del Estado.
De acuerdo a ese documento, la denuncia penal recaerá en María Esther Fernández Pasapera (empleada nombrada del Área de Tesorería), William Wilson Pérez Farroñay (trabajador CAS y jefe de la División de Administración hasta diciembre del 2021), Julio César Rivadeneyra Chávez (empleado nombrado y Coordinador del Área de Tesorería), César Luis Naval Nicudemos (trabajador CAS y Director Ejecutivo de Caminos) y Lucina Ytamar Requejo Montalvo (empleada nombrada y Coordinadora del Área de Contabilidad).
Además, todos ellos serán sometidos a procedimientos administrativos sancionadores, a cargo de la Contraloría General de la República (CGR); un trámite en el que también deberán responder Giovanni Antonio Cortegana Samamé (empleado nombrado y Coordinador del Área de Abastecimientos) y Carlos Alfredo Exebio Reyes (empleado nombrado y jefe de la División de Administración).
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Esta historia comenzó en el año 2021 cuando se aprobó la contratación del ingeniero civil, Giancarlo Efraín Torres Vela, para la elaboración de los expedientes técnicos de mantenimiento de las rutas que comprenden tramos hacia Kerger- Penachí, Palo Blanco-Marripón -Huayros -Limón Pampa- Colaya, Chochope-La Ramada, División Salas- Kerger, Íllimo, División La Zaranda, Mayascón-Mochumí Viejo- Laquipampa- Moyán-Riopampa-Uyurpampa, Cañaris-Pandachi-Huacapampa y PaygayPuente - Incahuasi.
Los informes de la propia Gerencia muestran que los funcionarios involucrados tramitaron y autorizaron el devengado y pago respectivo por la totalidad del monto contractual, sin haberse acreditado la efectiva prestación del servicio, sin haberse aplicado penalidad por la demora en el cumplimiento del trabajo encargado y sin respetar los términos de referencia, los cuales indicaban que el segundo y tercer pago serían cancelados luego que se levanten observaciones de los expedientes.
El desembolso a favor de Torres Vela se hizo el 3 de diciembre del 2021, pero la última observación a los expedientes fue terminada el 17 de agosto del 2022, es decir ocho meses después de haber cerrado al tema contractual.
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