Por daños y perjuicios en proyecto de mejoramiento de construcción de pavimentación y veredas del distrito de Santa Rosa que, en tres meses, empezó a destruirse.
Por daños y perjuicios en proyecto de mejoramiento de construcción de pavimentación y veredas del distrito de Santa Rosa que, en tres meses, empezó a destruirse.

Cerca de S/ 2 millones como indemnización por daños y perjuicios es lo que exige el contra exfuncionarios de confianza del exgobernador Humberto Acuña Peralta.

El Juez Ary Terrones Meléndez, del Primer Juzgado Civil de Chiclayo, admitió a trámite la demanda interpuesta por la procuradora pública regional, Patricia de Los Milagros Huamán Novoa.

Demanda

La medida es contra Fidel Ortiz Zapata, Mirtha Enith Velezmoro Delgado, Randy Vegas Díaz, Ángel Liza Chafloque, Winston Enrique Segura Saavedra, Pedro Leonidas Castro Celis y Graciela Vilcahuamán Sánchez.

Esto debido a que en la obra de construcción de veredas y pavimentación de la calle Circunvalación del distrito de Santa Rosa, la cual fue ejecutada en el período del exgobernador, Humberto Acuña Peralta, presentara una serie de anomalías.

En su momento Acuña Peralta aseguró que esos trabajos tendrían una vida útil de 20 años; sin embargo, solo duraron tres meses, pues empezaron a destruirse, lo que generó un perjuicio económico de S/1′641,544.02 en agravio de la entidad.

En el informe de auditoría N° 018-2018-2-5343 del Órgano de Control Institucional (OCI) del gobierno regional se determinó que los exfuncionarios de Acuña aprobaron el expediente técnico de la mencionada obra, esto a pesar de una sobrevaloración por presentar mayores metrados respecto a lo concluido. Por lo tanto habría generado un perjuicio económico de S/134,889.25.

Cabe señalar que el expediente técnico se aprobó el 16 de setiembre de 2015 con un presupuesto de S/3′906,576. 50, bajo el sistema de contratación de suma alzada.

Mientras tanto el 7 de junio, el Gobierno Regional de Lambayeque firmó el contrato con el consorcio Q & G, por la suma de S/ 3′333,065.58.

También se concluyó que en el expediente técnico, al parecer no se contó con estudios básicos de diseño.

Es así que la Contraloría al realizar un informe recomendó que se debía de iniciar un proceso civil de indemnización contra los que resulten responsables.

Los demandados, en un plazo de 30 días hábiles deberán cumplir con absolver la demanda, bajo apercibimiento de declarse su rebeldía en caso de incumplimiento.

“Demanda de Patricia Huamán Novoa, en calidad de Procuradora Pública Regional acude al órgano jurisdiccional a fin de solicitar la acumulación como es el pago de la suma de S/134 889.25 por parte de los demandados. El pago de los intereses legales que se generen hasta que se produzca el efectivo pago de la obligación”, se lee en el documento.