Inhabilitado por la Contraloría es designado funcionario en la MPCh

Las polémicas designaciones en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) continúan, pese a que falta menos de un mes para el cambio de gestión .

Mediante la resolución N° 993-2022, de fecha 30 de noviembre, el alcalde Marcos Gasco Arrobas formalizó la designación de Víctor Jenner Chafloque Silva como subgerente de Presupuesto de la comuna.

Pero el problema con este flamante funcionario radica en que registra una inhabilitación de la Contraloría General de la República (CGR).

En agosto del 2018, se conoció que fue inhabilitado para el ejercicio de la función pública por 5 años, según la resolución del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas N° 0146-2017-CG.

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De acuerdo a este documento, Chafloque se desempeñó como funcionario de la Municipalidad de Aucallama (Huaral) e incumplió disposiciones legales cuando fue miembro de la Comisión de Recepción de la obra “Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos en la Institución Educativa N° 21551 Juan Vicente Suárez”, a pesar de que el Consorcio UNI-SERVIUNI SAC, a cargo de la ejecución, no culminó la obra.

También es preciso indicar que Chafloque fue candidato a la alcaldía distrital de Ciudad Eten en los comicios municipales y regionales del 2018.

Lo hizo a través del partido Podemos Perú (PP), el cual también postuló a Gasco para la alcaldía de Chiclayo.

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Consultamos en el municipio acerca de esta designación, pero solo respondieron que el periodo de inhabilitación impuesto al nuevo subgerente ha concluido.

En la página web de la MPCh, aún figura el ingeniero Ramón Eduardo Palti de la Hoz como jefe de Presupuesto.

Salidas y cambios de funcionarios generan suspicacias

El regidor de la oposición, Jonny Piana Ramírez, sostuvo que en los últimos tres meses se han concretado varias renuncias. “Parece que hay una intención para evadir las responsabilidades por posibles irregularidades. Es una vieja estrategia que genera vacíos legales; además no se puede llevar la cuenta de cuántas personas han salido o han pasado a otras áreas, porque el despacho de alcaldía no logra actualizar las resoluciones del nuevo personal”, detalló.

Sobre el informe de Correo respecto a la designación de Ángel Dino Silva Castillo como gerente de Administración y Finanzas, pese a que se encuentra sentenciado por el delito de peculado, Piana señaló que este tema podría acarrear consecuencias legales.

“En el 2020 hubo una modificación a la ley para que personas con sentencias en primera instancia no sean incorporadas al aparato estatal”, aseguró.

Según el diario oficial El Peruano, en aquel entonces se agregó el artículo 39-A a la Ley N° 31042, para que los sentenciados en primera instancia por delito doloso no sean contratados en las entidades públicas en la condición de personal de confianza.

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