Desde agosto se encuentra inhabilitado para ejercer cargo público, debido a sentencia por peculado que le ordena devolver S/12 mil apropiado de la comuna de Bagua.
Desde agosto se encuentra inhabilitado para ejercer cargo público, debido a sentencia por peculado que le ordena devolver S/12 mil apropiado de la comuna de Bagua.

A la gestión del alcalde de Chiclayo, , parece que se le recordará por ser controvertida hasta el final.

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Esto se infiere de la contratación de funcionarios investigados e incluso sentenciados, desde el principio, hasta ahora que la gestión está de salida.

Resulta que el gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Ángel Dino Silva Castillo, se encuentra sentenciado por corrupción y sigue laborando como si nada.

Pena

Según el expediente N° 685 – 2017, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Bagua, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, sentenció a 4 años de cárcel suspendida por el delito de peculado doloso por apropiación, al cuestionado funcionario.

La pena impuesta también lo inhabilita para ejercer cargo público por tres años, y a pesar de ello, continúa ejerciendo funciones en la comuna de Chiclayo, formando parte incluso de la Comisión de Transferencia acreditado por el alcalde Marco Gasco.

El fallo es de fecha 22 de agosto de 2022 y también le ordena “devolver lo indebidamente apropiado: S/12,100.00″, más 180 días multa equivalentes a S/9,000 y S/4,000 por concepto de reparación civil.

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Delito

Los hechos por los que en juicio Silva Castillo ha sido declarado responsable, ocurrieron en el 2016 cuando ejercía el cargo de jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Bagua.

De acuerdo a la acusación fiscal, el funcionario rindió cuentas de pagos a un facilitador y un ponente en el marco del proyecto “Mejoramiento de la capacidad de gestión municipal”; sin embargo los contratados nunca acreditaron su especialidad en gestión pública y, lo que es peor, no existe evidencia del servicio prestado.

Es más, los recibos por honorarios presentados por los supuestos especialistas fueron emitidos con números no autorizados por la Sunat.

Curiosamente, todo este tiempo Silva Castillo siguió manejando recursos del Estado, desde el área de Administración de la comuna chiclayana.

Reacción

Sobre el particular, Correo consultó a la alcaldesa electa, Janet Cubas Carranza, si considera que la presencia de Ángel Silva Castillo afecta el proceso de transferencia, mostrándose sorprendida de que haya sido sentenciado por apropiación.

“Cuando instalamos nosotros la Comisión de Transferencia, si no me equivoco, él estaba de responsable del área de Planificación. Pero eso ya es responsabilidad de la autoridad saliente, porque ha sido funcionario de esta gestión, entonces creo que quien tendría que responder fundamentalmente es el alcalde saliente. Habría que ver muy de cerca el desarrollo del proceso, si es una sentencia en segunda instancia, pero lógico que no deja de preocupar”, señaló.

Asimismo, le consultamos si como alcaldesa electa podría garantizar que en su gestión no se repetirán este tipo de casos de designación de funcionarios investigados y hasta con sentencia, dando una respuesta concreta.

“Nosotros estamos siendo bastante acuciosos para que eso no suceda. Estamos siendo muy cuidadosos en lo que significa la identificación y selección de los profesionales que están colaborando con nosotros y que nos acompañarán en la gestión”, manifestó.

Además, aclaró que una cosa es la Comisión de Transferencia y otra su equipo de gestión.

“La conformación del equipo de gestión la tenemos bastante avanzada. Estamos siendo acuciosos para que sea un equipo profesional realmente honesto y sea un equipo con capacidad de liderazgo”, acotó.

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Apela

Diario Correo solicitó la versión del funcionario Ángel Silva Castillo, quien a través de la oficina de Imagen Institucional informó que la sentencia en su contra no ha quedado consentida, pues presentó un recurso de apelación que será evaluado por una Sala Superior, donde defenderá su inocencia.

Además, precisó que se trata de una sentencia suspendida en su ejecución y por lo tanto no está impedido de ejercer la función pública. Es por ello que prevalece su derecho a la presunción de inocencia y al trabajo.

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