Juez impone pago de caución de S/ 10,000 a exalcalde de Pítipo

Actualizado el 03/10/2018, 09:30 a.m.

Se salva de la cárcel. El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo declaró infundado el pedido de prisión preventiva que formuló la Fiscalía Anticorrupción contra el exalcalde de Pítipo, Galo de la Cruz Cabrejos.

El fiscal Julio Taboada Ramón había solicitado que se imponga la medida coercitiva al exburgomaestre y a los exfuncionarios Manuel Berríos Fernández (exgerente municipal) y José Enrique Cajusol Yovera (extesorero) por el presunto delito de peculado; pero fue desestimado.

HECHOS. El juez Reynaldo Leonardo Carrillo decidió imponer una caución de S/ 10,000 y S/ 6,000 al exalcalde y los exfuncionarios, respectivamente. Esto, como parte del mandato de comparecencia con restricciones que dictó señalando reglas de conducta contra los investigados.

Durante la audiencia realizada ayer, el citado fiscal sostuvo que el exalcalde se hizo girar por parte de los citados exfuncionarios un cheque por la suma de S/ 996,710, 00, correspondiente a una cuenta corriente de la comuna en el Banco de la Nación (BN). Dicho dinero, formaba parte del presupuesto de la obra de saneamiento en Pítipo.

El mismo día en que el extesorero gira el cheque y lo suscribe el exgerente municipal, Galo de la Cruz apertura una cuenta como persona natural en el BN, donde días después deposita el dinero. Por tal motivo, se le imputa haberse apropiado de recursos que estaban destinados para una obra pública.

Incluso, el fiscal indicó que para evitar la reiterancia delictiva de los exfuncionarios, el juez debía ordenar prisión preventiva, pues Manuel Berríos ahora trabaja como gerente en la Municipalidad Provincial de Cutervo y José Cajusol como tesorero en la comuna de Huambos.

Silverio Alvarado Puluche, abogado de los tres procesados, señaló que el exalcalde decidió crear una cuenta personal en el BN para evitar que el dinero revierta al erario nacional y no se perjudique la ejecución de la obra.

El letrado reconoció que sus patrocinados infringieron normas administrativas, pero rechazó que hayan cometido el delito de peculado doloso por apropiación, pues - según dijo - el dinero retornó al patrimonio de la comuna.