La alta carga procesal en el Poder Judicial puede resultar favorable para algunos procesados por presuntos actos de corrupción.
La alta carga procesal en el Poder Judicial puede resultar favorable para algunos procesados por presuntos actos de corrupción.

Un juicio por presunta corrupción en agravio de la (UNPRG) fue programado para el 8 de abril el año 2026.

Se trata de un proceso por el delito de colusión simple (artículo 384° del Código Penal) con el expediente judicial N° 12006-2022.

Entre los imputados se encuentran Mariano Agustín Ramos García (exrector de la UNPRG), Héctor Fabián Bernal Huamanchumo, Vladymir Teófilo Rodríguez Urbina, Karen Yuliana Bustamante Sipión, Mariano Larrea Chucas y José Fernando Félix Pastor Balderrama.

hechos. La imputación de la Fiscalía Anticorrupción se sustenta en el informe de la Contraloría General N° 551-2015-CG/EDUS “Adquisición de bienes para la infraestructura de la Filial Cutervo e implantación del proyecto Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad universitaria”.

De acuerdo a la documentación, a la que pudo acceder este diario, el caso reúne elementos probatorios sobre irregularidades en la adquisición de bienes para la Filial Cutervo (Cajamarca).

La Contraloría informó que en la recepción de los bienes del ítem 02 de la citada licitación pública, el pago se hizo sin tener en cuenta la modalidad de ejecución contractual de llave en mano y sin considerar que parte de los bienes materia de adquisición no contaban con especificaciones técnicas.

También están los cambios en las condiciones contractuales para el ítem 03 generando que la UNPRG reciba bienes no acordes a su requerimiento, además, de no aplicársele al contratista las penalidades ante el incumplimiento de entrega oportuna.

Asimismo, se halló que en el pago íntegro a la empresa proveedora del ítem 03, que no cumplió con la entrega total de los bienes, generó que la Universidad no cuente con los bienes requeridos, incurriéndose en perjuicio económico ascendente a 80 mil 212.29 soles.

Advierten posible prescripción 

El abogado penalista, Gilberto Carrasco Lucero, advirtió que hay riesgo de prescripción de la denuncia.

“Si el informe es del 2015, los hallazgos corresponden al 2014, entonces el caso cumplirá 12 años en 2026. Ahí se debe tener cuidado con el plazo de prescripción. La colusión simple podría prescribir a los 10 años como máximo”, explicó.

También sostuvo que el área legal de la UNPRG, como parte agraviada, tiene que actuar para conseguir que el juzgado adelante la fecha.

“No puede caer en indefensión. En la colusión simple la pena es de 3 a 6 años. Con las modificaciones de la ley, el caso podría prescribir en el 2026″.

Carrasco agregó que la extinción se ha visto en otras demandas, como el doble cobro de sueldos por parte de catedráticos, vicerrectores y una rectora encargada.

La oficina de Asesoría Jurídica UNPRG no habría actuado a tiempo para que el Poder Judicial imponga las sanciones respectivas.

Cabe indicar que Agustín Ramos también fue investigado por cobro de fuertes sumas de dinero por asignaciones especiales.

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