Juicios por corrupción permanecen suspendidos en Lambayeque

Escrito por Melissa Romero

Son cuatro los procesos judiciales por presuntos hechos de corrupción en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) que continúan estancados en los juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA).

Las investigaciones por delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir, cohecho, falsedad ideológica y colusión comenzaron desde el año 2015 y tienen como acusados a conocidos catedráticos y exautoridades universitarias.

Este delicado tema cobró relevancia ayer, al conocerse que un juzgado civil de la ciudad de Lambayeque falló en contra de la elección del actual rector, Jorge Oliva Núñez.

Para los directivos de esta casa de estudios, la sentencia emitida por el magistrado, Ronal Saavedra, es inoportuna y genera desestabilidad.

Mediante una conferencia de prensa, Oliva no solo defendió su permanencia en el cargo, también enfatizó que el Poder Judicial tiene una deuda con la universidad más importante de la región Lambayeque.

“Los casos de la gestión anterior van a cumplir cinco años y el Poder Judicial y la Fiscalía no hacen nada. Está la negociación de las tesis, una corrupción tremenda y hasta ahora no hay verdadera justicia”, expresó.

También afirmó que a causa de estos resultados, se generó una crisis insitucional que se extendió entre los años 2016 y 2017.

“(El fallo contra la elección del rector Jorge Oliva) contribuye a generar más desconcierto del que podríamos imaginar. Esa resolución es otra muestra de todo lo que hemos soportado en el cargo, denuncias constantes en el Congreso y en Fiscalía, que ya hemos respondido”, aseguró por su parte el vicerrector académico, Bernardo Nieto, al ser preguntado sobre la sentencia.

El docente precisó que el destino de la universidad será definido por quienes apuesten por la unidad.

ACUSACIONES 

En el 2015, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación contra la alta dirección por el cobro injustificado de asignaciones especiales.

A la fecha, hay una acusación contra el exrector, Agustín Ramos García; el exvicerrector, Luis Collantes Santisteban; el exdecano, José Gómez Cumpa, y el exdirector de Postgrado, Juan Aguinaga Moreno.

Sin embargo, la audiencia para debatir el pedido fiscal viene reprogramándose desde el 2017, debido a que los abogados cuestionan la competencia de los jueces.

Desde la fiscalía, indicaron que el expediente viene y va entre el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque y el Juzgado Anticorrupción de Chiclayo.

La segunda investigación formalizada es aquella conocida como “tesis en paquete”.

Desde setiembre del año pasado, la fiscalía viene solicitando la programación de una audiencia para debatir la acusación, pero no ha obtenido respuesta del juzgado, según información alcanzada a Correo.

Esta denuncia tiene como implicados a: José Gómez, Juan Aguinaga, Julia Liza, Tania Liza, más de diez catedráticos y 70 tesistas de Educación, que habrían obtenido sus grados de manera irregular y previo pago a los catedráticos.

En el 2016, surgió una nueva denuncia por presunta colusión en la compra de equipos para un laboratorio de la Filial de Cutervo. La acusación fue presentada contra 17 implicados, entre ellos el exrector Ramos, funcionarios y proveedores.

En la indagación se descubrió que uno de los postores consignó como dirección un stand, ubicado en el local de tiendas”La Pulga”.

Pero aquí se repite el mismo problema, pues el juzgado no ha conseguido fijar la nueva audiencia para debatir los pedidos de la fiscalía.

El único proceso que avanzó más es el relacionado a la compra de una ambulancia a S/ 277,666. 67, donde hay sospechas de sobrevaloración. No obstante, el juicio que se agendó para abril tuvo que ser suspendido, debido a la emergencia sanitaria, sin que haya mayor novedad por parte del Juzgado Unipersonal. Entre los denunciados figuran: Aníbal Salazar Mendoza, Enernesto Mendoza Yacarini, César Zeña SAntamaría, Norman Aguirre Saquinaula y Luis Balarezo Rocha.

ASIGNACIONES 

El cobro de asignaciones especiales en la institución siempre ha despertado polémica y cuestionamientos por el fuerte gasto que acarrea ese concepto.

En la gestión de Agustín Ramos, los desembolsos habrían sido exorbitantes y fuera del marco legal, provocando un perjuicio económico de más de S/ 34 millones a “La Pedro”.

En enero de este año, Jorge Oliva, los vicerrectores, decanos y docentes que ocuparon cargos administrativos tanto en la Alta Dirección, como en las facultades y en el Tribunal de Honor, fueron denunciados por percibir asignaciones especiales durante el 2016.

Según el abogado, Félix Chero Medina, los funcionarios se habrían apropiado de los fondos públicos de la universidad, provenientes de las actividades académico productivas.

Aseguró que se habría ejecutado el cobro de asignaciones, de manera injustificada por una suma de S/ 2’859,891.00.

El Órgano de Control Institucional (OCI) mediante la auditoría de cumplimiento N° 02-2018, advirtió sobre este tema.

“La Contraloría ha establecido que se debe deslindar responsabilidad administrativa, no se encontraron hechos de connotación penal. Entendemos que la denuncia es parte de la acción política del sector que estuvo implicado en actos de corrupción y sobre los cuales se ha pedido penas de hasta 20 años de cárcel”, explicó el asesor legal de la UNPRG, Gilberto Carrasco Lucero.