La administración de Marcelino Llontop tiene 2 meses para auditar en Tumán

Tras los cuestionamientos a la medida cautelar emitida a favor de la nueva administración judicial de la empresa agroindustrial Tumán -liderada por Marcelino Llontop Suyón, Diómedes Bocanegra Irigoin y Jorge Paredes Delgado- y que además deja en ‘stand by’ a las ternas de Walter Cieza Díaz y el Grupo Oviedo en el control del ingenio, el juez mixto de José Leonardo Ortiz, Erick Pérez Alquizar, dio detalles de su fallo emitido.

“Se ha dispuesto que se instaure una auditoría por el plazo de 2 meses. Es el primer plazo que se ha otorgado. Definitivamente que, si después de los 2 meses, traen o ponen de conocimiento la auditoría, verificaríamos si existe -de acuerdo a los resultados- una vulneración o una mala administración por parte de los que han estado (Grupo Oviedo) y si eso ha devenido en la vulneración de los derechos constitucionales y accionistas de la empresa”, señaló.

VENTA DE AZÚCAR. El magistrado también aclaró que la administración de Marcelino Llontop podrá comercializar azúcar y melaza sin problema alguno porque “su potestad son las que les corresponda para que puedan reactivar la empresa. Tengo entendido que son cerca de 6 meses que los señores están inactivos, no hay remuneraciones y el clamor del pueblo es justamente ese, el derecho a su remuneración”, agregó.

Eso sí, manifestó que si la administración de Llontop y compañía logran pagar las acreencias, las otras administraciones quedarían fuera de la azucarera.

“Aparte de reactivar la economía, es cumplir con las acreencias. Cuáles son estas: el pago de las remuneraciones de los trabajadores y el pago de la acreencia misma que está en el Séptimo Juzgado. Si pagan toda la acreencia, obviamente se acabaría la razón de ser de la (administración) instalada por el Séptimo Juzgado (Grupo Oviedo)”, recalcó.

Finalmente, remarcó que la medida cautelar emitida obedece a los criterios empleados por su representada, deslindando así alguna presión o intromisión por parte de algunos inversionistas o gente extraña al caso.

“Esta decisión es totalmente imparcial, independiente. Ningún grupo de poder, ningún grupo de trabajadores ha intervenido o ha influido en mi persona para emitir este tipo de resolución. Ellos (el Grupo Oviedo) tendrán sus argumentos (para quejarlo), nosotros hemos actuado conforme a ley. Las medidas cautelares primero se ejecutan, después se notifican y llegarán en los próximos días, y una vez notificada esa resolución, ellos (Walter Cieza y Oviedo) tendrán que cumplir con su derecho para oponerse o impugnar la misma”, finalizó el titular del juzgado mixto.

En respuesta a estas declaraciones, el asesor legal del Grupo Oviedo, José Carlos Isla Montaño, aseveró que lo dicho por el magistrado Erick Pérez Alquizar, del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, carece de valor.

“Lo hemos denunciado ante el Consejo Nacional de la Magistratura por emitir esta medida a pesar de que hay una administración. Anteriormente, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ya ha sancionado drásticamente a un magistrado por un hecho parecido. Nosotros no tenemos problemas con que auditen porque todo está en orden dentro de la empresa”, subrayó el abogado de los Oviedo.