La Contraloría inhabilita a 19 trabajadores y extrabajadores del CGT

La Contraloría General de la República decidió sancionador a 19 trabajadores y extrabajadores del entonces SATCh, ahora Centro de Gestión Tributaria (CGT) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Según el órgano sancionador del referido organismo, los involucrados tuvieron responsabilidad administrativa funcional por la comisión de conducta infractora y siete de ellos generaron un perjuicio económico al Estado valorizado en más de 153 millones de soles.

DECISIÓN. Este fallo se resolvió dos años después del procedimiento administrativo sancionador que aperturó el órgano instructor norte de la Contraloría. En aquel entonces (27 de julio de 2016), 30 extrabajadores del CGT -durante la gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzáles- fueron investigados por una serie de observaciones que emitió la Contraloría como resultado de sus informes de control.

Sin embargo, solo trece de ellos recibieron una sanción a partir de las evaluaciones realizadas al proceso de recaudación y cobranza. Entre ellos, destacan las pérdidas económicas ocasionados por cobranzas por merced conductiva y a conductores de puestos de 10 mercados de Chiclayo que no fueron depositados a cuentas bancarias del CGT, prescripción y condonación de deudas tributarias y no tributarias, casos de “prescripción automática” y condonación de multas por infracciones de tránsito que aprobó la gestión edil de Torres Gonzáles .

En algunos casos, como destaca la Resolución N° 002-2016 de la Contraloría, la CGT perdió el derecho para determinar y exigir el pago de deudas tributarias adquiridas durante los años 2002 y 2010, por un monto superior a los 19 millones de soles.

“(...) existen deudas tributarias ante las cuales el departamento de cobranzas (del CGT) no ha emitido órdenes de pago y/o resolución de determinación de deudas tributarias dentro del procedimiento de cobranza ordinaria y por ende no se inició el proceso de cobranza coactiva correspondiente; actuaciones del (entonces) SAT Chiclayo que hubiesen interrumpido o suspendido el plazo de prescripción de las deudas”, señaló el organismo de control.

LISTA. De acuerdo a cada caso, los 19 extrabajadores -algunos de ellos, exfuncionarios de la CGT, recibieron una sanción de dos a más años de inhabilitación para ejercer una función pública.

De este grupo, seis fueron sancionados por cinco años: César Raúl Regalado Rodríguez, Jorge Manuel León Vera, Jorge Alfredo Pretell García, Ángel Leonidas López Castro, Yuri Gali Díaz Cajo y Marcela del Carmen Zapata Meoño. Para la Contraloría, “la conducta irregular de todos ellos afectó el funcionamiento de la administración pública”, por lo que la sanción impuesta debía ser equivalente a la gravedad del hecho cometido.

En el caso de Regalado Rodríguez, la Contraloría le imputa haber incumplida sus funciones como exjefe del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCh) al permitir que los montos que cancelaron los contribuyentes desde 2009 al 2013 por concepto de merced conductiva no fuesen registrados en el Sistema de Tributación Municipal. Además, es responsable por las bajas de deudas por merced conductiva que se ejecutaron sin sustento técnico “conllevando que no se deposite la totalidad de lo recaudado en las cuentas de la entidad (CGT), tal como lo evidenció la comisión auditora mediante el informe técnico N° 001-2015 del 5 de agosto de 2015”, según concluye la Contraloría.

Por estas irregularidades, la comisión auditora determinó un perjuicio económico de 47 mil 91 soles y un perjuicio potencial por 178 mil 840 soles.

Mientras Regalado Rodríguez ostentaba el cargo (de 2010 al 2013), la CGT no recaudó S/ 44 377 528,37 debido a la prescripción de deudas en al menos 50 casos que fueron identificados a través de la duplicidad de recibos de pago, y otros S/ 51 291 952, 77 multas por infracciones de tránsito condonadas a más de 56 mil infractores gracias a proyectos de ordenanza municipal que envió al municipio de Chiclayo.

El último jueves, el actual implicado en el caso “Los Limpios de La Corrupción” fue sentenciado a cinco años de prisión junto al exalcalde Roberto Torres Gonzáles por favorecer a la empresa “Fundaciones e Importaciones SICAN SAC” con la adjudicación de la obra de transitabilidad peatonal del pueblo joven San Cristhian.

DESCARGO. Tras enterarse de la sanción, Jorge León Vera, exjefe del departamento de tesorería y caja del SATCh, aseguró a Correo que aún no ha sido notificado. En su defensa, el exfuncionario afirmó que la decisión de la Contraloría debió ser emitida hasta el 8 de agosto por lo que envió -un día después de esta fecha- una solicitud para declarar la caducidad del procedimiento administrativo en su contra.

“A mi se me sanciona por no seguir los procedimientos que están en las normas de Tesorería. (...) Cuando la Contraloría hace un examen dice que, por ejemplo, recaude 1000 soles pero solo deposité 900 y los otros 100 al día siguiente. Muchas veces, como teníamos oficinas remotas, no traían el voucher pero demostré en los correos que se había pedido e incluso hubo denuncias contra trabajadores que no rindieron dinero. Son temas administrativos”, explicó.

León Vera se refiere los resultados de la auditoría que, entre otros aspectos, señalan un monto de recaudación por S/ 409 697,40 que no se depositó en las cuentas del SATCh desde enero de 2013 al 20 de noviembre de 2014. Además, la Contraloría señala que no cumplió con revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustente las cobranzas realizados a los conductores de puestos de 10 mercados por derecho de conducción, gasto administrativo y merced conductiva.

OTROS. A Jorge Prettel García, que ocupó la jefatura del SATCH desde diciembre de 2013 a octubre de 2014 también se le impuso una sanción de 5 años. La Contraloría solicitó esta medida por los montos que cancelaron los contribuyentes (desde 2009 a 2015 por concepto de merced conductiva) que no se aparecieron registrados en el sistema de tributación municipal.

“Generando adicionalmente perjuicio económico al Estado por S/ 118 164,99” y se origine perjuicio potencial por S/. 378 873,51 conforme al cálculo efectuado por la comisión auditora”.

Prettel García tampoco habría cumplido a cabalidad las funciones que asumió como gerente de operaciones y jefe del departamento de cobranzas.

Por hechos muy similares también se sancionó con 5 años de inhabilitación para ejercer función pública a Ángel López Castro, quien se desempeñó gerente de operaciones desde octubre a noviembre de 2012.

Entre las omisiones que cometió, la Contraloría consideró el haber incumplido la implementación de acciones que garanticen la recaudación de acuerdo a las metas establecidas por la CGT, supervisar la prescripción de la deuda tributaria y no tributaria; y emitir los valores y resoluciones de ejecución coactiva dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a los requisitos establecidos por ley.

Le siguen en la lista Yuri Gali Díaz Cajo y Marcela del Carmen Zapata Meoño, exjefa del departamento de cobranzas y exjefa del área de otros ingresos, respectivamente; quienes recibieron la misma sanción. En el caso de Jennifer Leonor Briceño Cortez y Sergio Pedro Vásquez Rodríguez, la sanción fue solo de 4 años. Mientras que Angélica María Sosa Jaime, tampoco podrá ejercer una función pública durante tres años.

Juan Arturo Boyer Ramos, Víctor Manuel Benites García, Henry Ychisuke Nishiyama Paiva, Alexander Joel Elías Barboza, Wilbert Bardales Zamora, Daissy Karina Dulanto Coronado, Freddy Nilton Torres Chanamé, Jorge Hugo Matallana Peralta, Mary Carmen Olaya Montejo y Janier Teodoro Muñoz Vásquez, que conforman el resto de imputados, recibieron una sanción de solo dos años de inhabilitación.