El fiscal Jaime Gonzales Morales, de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA), señaló que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) desacata la medida cautelar que ordenó suspender los actos que atenten contra los árboles de la avenida Balta.

En dialogo con Correo, el magistrado sostuvo que los funcionarios de la MPCh actúan de manera irresponsable al pretender culpar al Poder Judicial y a la FEMA, por no permitir la tala de árboles antiguos en riesgo inminente de caída, poniendo en riesgo a la población.

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Precisó que la subgerencia de Parques y Jardines de la misma MPCh emitió el informe 282 – 2021, en el cual advirtió que la referida obra es “inviable porque implica demoler jardineras en buen estado que ocasionaría la muerte de árboles urbanos”.

“Si como municipalidad veo el estado en que han dejado los arboles sin jardineras y teniendo en cuenta este informe, definitivamente sabían que ese árbol expuesto se iba a caer, entonces es carente de responsabilidad lo que ha hecho la municipalidad”, señaló.

Incluso, el fiscal indicó que al tomar conocimiento del accidente dispuso que la Policía Especializada en Material Ambiental constate la situación del árbol caído (lo cortaron con sierra), lo identifique mediante coordinadas y verifique si se encuentra catalogado por la misma MPCh como un árbol en inminente peligro.

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“Se verificó que el árbol caído no contaba con jardinera, y en el informe 323 – 2021 emitido y suscrito por el área de Parques y Jardines de la MPCh se determina que ese árbol no estaba en riesgo de caída”, aseveró.

El fiscal sostuvo que en la medida cautelar del Poder Judicial también se ordena a la MPCh implementar en un plazo de mayor de 10 días un plan de contingencia elaborado por personal especializado que contemple la “conservación óptima de los árboles”, lo cual obviamente incumplieron al demoler jardineras y propiciar la muerte un tulipán africano.

“Está clarísimo (que han incumplido el fallo judicial). Si yo le quito la jardinera, mi árbol queda al aire libre, evidentemente se va a caer, está perdiendo fuerza. Eso no implica la conservación óptima de los árboles”, sostuvo.

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Debido a ello, el fiscal señaló que los funcionarios de la MPCh habrían incurrido en desacato a la autoridad y omisión de funciones, por lo que tendría que derivar lo actuado a la Fiscalía Penal de Turno para que analice ese tipo de delitos.

Respecto a la investigación que su despacho realiza por el delito de alteración al medio ambiente o paisaje, el fiscal Jaime Gonzalez precisó que ha solicitado la opinión técnica de ingenieros forenses del Ministerio del Medio Ambiente para determinar si efectivamente se trata de árboles en inminente peligro, como aduce la MPCh.

“Es importante que la municipalidad me demuestre a dónde han sido reubicados los árboles que han sido sacados, si es a un lugar compatible, y con qué especie se va a reponer en su lugar, si cuentan con personal y maquinaria especiales para mover un árbol”, aseveró.

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