Una mujer acudió al sistema de justicia de Lambayeque para pedir protección. El Estado conocía el riesgo. Aun así, el crimen terminó convertido en una investigación por feminicidio.

Grave caso

La revelación aparece en documentos oficiales del Ministerio Público obtenidos por Correo y abre nuevas preguntas sobre la capacidad de las instituciones para prevenir la violencia extrema contra las mujeres en Lambayeque.

Según el Oficio N.º 188-2026, emitido el 5 de mayo por la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesiones y Agresiones contra Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Chiclayo, una víctima de feminicidio registrada este año había solicitado medidas de protección antes del crimen, pero estas no fueron otorgadas por el Décimo Juzgado de Familia.

Los oficios no precisan la fecha exacta en que la mujer solicitó la protección ni cuándo fue denegada por el juzgado. Sin embargo, la Fiscalía confirma oficialmente que el pedido existió.

Alertas

La información adquiere mayor dimensión porque el mismo documento revela la existencia de cinco expedientes relacionados con víctimas potenciales de feminicidio monitoreadas dentro de la denominada Estrategia 360 del Ministerio Público, un sistema articulado con el Observatorio de Criminalidad y el Sistema de Gestión de Alertas para prevenir el Feminicidio (SIGAF), diseñado para detectar amenazas extremas y activar mecanismos preventivos.

De acuerdo con la información remitida por la Fiscalía, estos cinco casos fueron registrados entre 2024 y 2025. Tres expedientes terminaron archivados, uno concluyó con sentencia y otro continúa bajo seguimiento. La Fiscalía indicó además que en todos existieron medidas de protección y que la información fue reportada al SIGAF para activar las alertas correspondientes.

Según Yesebel Torres, activista social de Chiclayo, estos registros evidencian que el Ministerio Público cuenta con mecanismos para detectar riesgos de feminicidio. Sin embargo, el caso ocurrido este año pone en duda la eficacia de esos sistemas cuando las víctimas ya han pedido protección al Estado.

Cifras

Los documentos entregados también incluyen un balance estadístico del Distrito Fiscal de Lambayeque sobre las denuncias por feminicidio registradas entre 2022 y 2026. En ese periodo se contabilizaron 190 denuncias. El año con mayor número de casos fue 2022, con 68 denuncias. En 2023 se registraron 32 casos; en 2024, 39; y en 2025, 48. Hasta mayo de 2026, el Ministerio Público reporta tres denuncias.

El informe revela además que 122 expedientes terminaron archivados. Otros 27 permanecen con sentencia, ocho llegaron a acusación formal y siete continúan en investigación preparatoria. En cuanto a las resoluciones judiciales, el reporte consigna 29 sentencias condenatorias y tres absolutorias entre 2022 y 2026.

Angélica Musayón Chira, coordinadora de la Red Poder de Mujer, sostuvo que la figura penal del feminicidio fue incorporada al Código Penal en 2011 y que desde julio de 2013 funciona como un delito autónomo, lo que permitió que las diligencias en fiscalías y juzgados se tramiten con mayor celeridad.

Sin embargo, advirtió que todavía existen serias limitaciones en la respuesta judicial. “Hay un porcentaje de feminicidas que aún se encuentran prófugos de la justicia y cerca del 30% de las acciones judiciales no se toman con celeridad, lo que provoca que el agresor o feminicida pueda fugarse”, señaló.

Musayón indicó además que, pese a esas deficiencias, en la mayoría de casos los responsables terminan privados de su libertad o cumpliendo condenas. Aun así, consideró que los retrasos en las decisiones judiciales continúan siendo uno de los principales problemas en los casos de violencia extrema contra las mujeres.