El emblemático juicio que enfrenta el exalcalde de Callayuc (Cutervo - Cajamarca) junto a exfuncionarios y empresarios por un desfalco económico de 8 millones de soles registra un nuevo y polémico capítulo judicial.
La Segunda Sala Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque confirmó la sentencia de 10 años y 4 meses de cárcel por el delito de peculado doloso agravado contra cuatro exfuncionarios y tres proveedores.
Detalles
Se trata de José Montenegro Cabrera (alcalde), Percy Pintado García (jefe de Planificación y Presupuesto), Ronald Quispe Quispe (tesorero) y Marín Guevara Vásquez (jefe de Recursos Humanos).
Asimismo, ratificó la condena como cómplices del delito de peculado a los representantes de empresas: Christian Serquén Alfaro (CSA Development SAC), Sarita Cieza Santa Cruz (Ythamar SC Consultores y Constructores EIRL) y Annie Matos Andrade.
Pese a mantener esta sanción por peculado, el Colegiado decidió revocar la condena de 13 años de cárcel por el delito de lavado de activos que pesaba contra varios de los implicados, absolviéndolos de dicho cargo.
Resultaron favorecidos en este extremo: Christian Serquén Alfaro, Sarita Cieza Santa Cruz, Annie Matos Andrade, Rómulo Díaz Mejía y Ricardo Serquén Solano.
Esta parte del fallo se dictó a pesar de que los hechos atribuidos ocurrieron en plena pandemia, periodo en el cual se desviaron fondos destinados a adquisiciones y obras públicas, mediante depósitos a los representantes de empresas que no ejecutaron obra ni servicio alguno.
El Colegiado fundamentó esta decisión aduciendo que “las operaciones posteriores o la recepción de dinero constituían actos derivados o de agotamiento del delito fuente (peculado), o bien operaba a su favor el principio de confianza dentro del entorno familiar/comercial sin prueba certera de dolo específico para este ilícito”.
No obstante haberlos librado del delito de lavado de activos, el tribunal determinó que se mantiene firme el decomiso de los vehículos, cuentas bancarias y otros obtenidos ilícitamente.
La Sala enfatizó que los bienes incautados (como flotas de automóviles de alta gama y dinero retenido en el sistema financiero) fueron adquiridos directamente con los caudales desfalcados a la municipalidad, por lo que su retención y retorno al Estado resultan imperativos para resarcir el daño económico.
Durante el juicio, en su defensa, el exalcalde José Montenegro dijo que al enterarse del desfalco en octubre de 2020, actuó con celeridad, interponiendo denuncias y emitiendo oficios a las entidades bancarias para congelar los fondos; pero no bastó.
Del mismo modo, el empresario Christian Serquén defendió la legalidad de sus operaciones comerciales. Dijo que hizo una venta real de 400,000 mascarillas, bajo el régimen de compras directas por emergencia sanitaria. Precisó que el despacho de los bienes fue verídico, a través de un bróker (fallecido posteriormente) llegando incluso a pagar tributos.
Cabe indicar que la Sala Penal que dictó la sentencia está integrada por los jueces superiores: Juan Riquelme Guillermo Piscoya, Raúl Humberto Solano Chambergo y Erwin Guzmán Quispe Díaz.
Dato
En primera instancia, por ambos delitos, las penas sumanas 23 años y 8 meses de cárcel. Ahora, dejarían el penal en el 2031.
