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El presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Omar Méndez Irigoyen informó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en coordinación con la Policía Nacional del Perú, continuará desarticulando a las redes delictivas que operan desde las cárceles.
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Pese a los esfuerzos de las autoridades, siguen cayendo reclusos por estar involucrados en extorsiones, robos, tráfico de drogas y secuestro. Incluso se ha demostrado que, en algunos casos, estos sujetos lideraban el accionar ilícito de diferentes organizaciones criminales.
Méndez indicó que la Sección de Secuestros de la Dirección Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP realiza el rastreo de llamadas y mensajes a través de la geolocalización para determinar de dónde salen esas comunicaciones.
“Se está investigando y seguirán los operativos para desarticular a las bandas. Actualmente se realizan intervenciones ordinarias y de inteligencia penitenciaria”, explicó.
Este trabajo se extiende en los establecimientos penitenciarios del norte que funcionan en Trujillo, Chiclayo, Piura, Huancabamba, Sullana, Tumbes, Cajamarca, Jaén, San Ignacio y Chota.
“Decirles que en todo el norte se está coordinando mucho con la Policía y el INPE para detectar a los reclusos que siguen organizando actos delictivos”, agregó Méndez.
En enero, personal del INPE y el Ministerio Público encontraron dos celulares de alta gama, un cargador celular, dos chips telefónicos y 461 ketes de pasta básica de cocaína en el pabellón 4 del Penal de Huacariz que está ubicado en Cajamarca.
A este problema de suma la corrupción. En el mes de mayo, un agente penitenciario del Penal de Chiclayo fue detenido por intentar ingresar una memoria usb y pastillas.
A nivel nacional, el INPE ha separado a 33 agentes, que cumplían diferentes labores en las cárceles, por haber ingresado sustancias u objetos prohibidos a los pabellones carcelarios.
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Ampliación
El INPE no ha conseguido la licencia social del distrito de Picsi para ejecutar el proyecto de ampliación del Penal de Chiclayo.
El referido establecimiento tiene un nivel de hacinamiento del 200 %. Alberga a más de 3, 200 reos.
La construcción de nuevos ambientes no ha sido posible, porque la población de la zona se opone, pues culpan al local penitenciario de la falta de agua y del colapso de los desagües.
El proyecto se viene gestionando desde el año 2014, pero no puede concretarse en razón a la fuerte oposición de los vecinos.
Ellos aseguran que la inseguridad ciudadana ha aumentado de forma alarmante en el distrito con el asentamiento de las familias de algunos presos en Picsi.
En diferentes momentos han exigido la reubicación del Penal hacia un sector que esté más alejado de las ciudades.
