Juzgado de Chiclayo amplió por 10 meses los mandatos de arresto domiciliario y prisión preventiva.
Juzgado de Chiclayo amplió por 10 meses los mandatos de arresto domiciliario y prisión preventiva.

La decisión del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo de ampliar las medidas coercitivas en el proceso seguido contra el suspendido gobernador regional, , llega como un respiro para la Fiscalía Anticorrupción.

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Durante una audiencia, la fiscal Karim Ninaquispe Gil señaló que su despacho viene desplegando esfuerzos para concluir las pericias contables de obras y pericias grafotécnicas, debido a que hay serias dificultades en el Ministerio Público por el escaso número de peritos.

Agregó que aún están pendientes el registro de 41 manifestaciones de testigos e implicados.

El 25 de octubre estaba previsto el vencimiento del arresto domiciliario ordenado para Lozano y para el exfuncionario del Gobierno Regional, Harry Gonzales Solano; del mismo modo para Wilfredo Castro Carmona (exasesor legal) y Alejandro Criollo Quispe (proveedor), aunque en el caso de ambos investigados pesan mandatos de prisión preventiva. Ellos se encuentran recluidos en el Penal de Chiclayo (Picsi).

Con la reciente decisión judicial, los cuatro imputados continuarán cumpliendo restricciones, unos en casa y otros en la prisión.

Organización criminal

Durante su intervención, Ninaquispe explicó al juez, Reynaldo Leonardo Carrillo, que desacumulará las imputaciones por los presuntos delitos de cohecho y colusión agravada, para avanzar con las acusaciones por corrupción.

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Agregó que el presente caso, conocido también como ‘El Imperio del Mal’, es complejo y que los indicios sobre una presunta organización criminal no se han desvanecido.

De otro lado, la magistrada enfatizó que las diligencias con Lozano Centurión tardaron más de lo esperado, porque este fue internado en una clínica del distrito de La Victoria, donde finalmente fue sometido a varias cirugías para curar una peritonitis; sin embargo, la fiscal no dejó de anotar que, al principio, los informes médicos fueron avalados por un médico que ocupó un importante cargo en la Gerencia Regional de Salud (Geresa), organismo que forma parte del Gobierno Regional.

La exautoridad y otros exfuncionarios fueron capturados a inicios de este año, por graves elementos de convicción que los señalaron de haber direccionado procesos de contratación por cuantiosas sumas de dinero a favor de una familia de proveedores.

Sobre el tema también existen informes de la Contraloría, que advierten posibles irregularidades administrativas y funcionales.

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