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La aparición de indicios sobre presuntas irregularidades en la distribución de alimentos por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) abre una nueva investigación por el presunto delito de peculado por apropiación.
La Fiscalía Anticorrupción aún trabaja en la identificación de los posibles responsables, y ha programado diligencias preliminares por el plazo de 120 días, según una disposición firmada a fines de octubre.
A declarar
Entre las acciones que emprenderá el despacho fiscal, está la toma de varias declaraciones testimoniales.
Con el objetivo de conocer los hallazgos del informe de control concurrente N° 16-2021, realizado por el Órgano de Control Institucional (OCI) sobre la distribución de alimentos en la comuna de Chiclayo, el despacho fiscal programó para el 24 de noviembre las declaraciones de Jorge Alexander Cieza Yaipén, Juan Carlos Gómez Ucañay y Boris Enrique Oblitas Gastelo, este último es jefe del OCI.
Ese trabajo continuará el 25 de noviembre con la citación de Lucy Cotrina Pedraza, coordinadora de la Unidad Territorial de Qali Warma en Lambayeque.
Mientras que el 26 de noviembre es el turno de Angelita Yane Suárez Mendoza, Lucy Magdalena Cobeñas Agapito, Shirley Fiorella Ramos Pérez, María Agapito Llontop y Patricia Guerrero Motalvo. Ellas deberán responder si recibieron la ayuda de las autoridades.
El 29 de noviembre es la fecha correspondiente para Erika Araujo Gonzales vda de Barragán, en su condición de gerente de Programas Sociales de la MPCH, y Jesús del Carmen Ramos Távara, subgerente de Programas Sociales.
En tanto, se ha oficiado a la municipalidad para que entregue informes detallados sobre la distribución de 7114 bolsas con alimentos, debiendo precisar el cronograma de reparto, los sectores donde fueron distribuidos y el criterio para la selección de los beneficiarios.
Asimismo, un informe sobre el personal a cargo de dicha labor. También los padrones originales de la entrega de bolsas, que inicialmente fueron alcanzadas por Qali Warma en dos fechas: 14 y 21 de mayo.
Hallazgos
Entre los indicios que fundamentan la denuncia, está el que 894 bolsas de alimentos otorgados, no contarían con la documentación que acredita a los beneficiarios finales.
Aunque hay declaraciones juradas, los productos en diferentes cantidades llegaron a través de asociaciones, parroquias, albergues y otros, pero la comuna no contaría con la relación para sustentar la entrega.
Por otro lado, una Comisión de Control del OCI advirtió que 220 personas firmaron el padrón en señal de conformidad de haber recibido las bolsas, pero estos no son adultos mayores o personas con discapacidad; es decir no pertenecen a los grupos en situación vulnerable a los que iban dirigidos estos beneficios. Incluso se detectaron 5 casos en que no recibieron ningún tipo de producto.
