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La investigación a la presunta red criminal “El Gran Chaparral” ha dado un giro a tres años de la captura de sus principales implicados, en la región Lambayeque.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo aprobó incluir a tres sujetos más por su presunta participación en un crimen registrado en octubre del año 2016.
Se trata de Joan Iván Carrillo Monteza, Rober Luige Vega Coronel y José Daniel Lozano Rojas, a quienes la Fiscalía les imputa los delitos de organización criminal y homicidio calificado.
Según las últimas diligencias, ellos también habrían intervenido en los asesinatos de los comuneros, José Jesús Guerrero Becerra, Yrineo Martínez Purihuamán y Felicita Cherre Garrido y el intento de asesinato contra Edwin Cruz Llatas, hecho suscitado en el sector Jagüey Negro del distrito de Salas.
La decisión del juzgado se encuentra plasmada en la resolución N° 18 y será notificada en las próximas horas a los involucrados. Además en dicho documento se precisa que el presente caso aún tiene la condición de complejo.
Crímenes
La denuncia contra “El Gran Chaparral” se origina en una serie de actos delincuenciales muy graves, tales como: el atentado a Lucio Sembrera de la Cruz (dirigente de la Comunidad Campesina de Salas), los asesinatos en Jagüey Negro y el homicidio del exteniente gobernador del caserío El Mirador, Napoleón Tarrillo Astonitas.
Como antecedente está el juicio desarrollado en el 2020 contra los hermanos Jorge y Adán Cruzado Carranza, y que concluyó en una condena de cárcel por el plazo de 35 años. La Segunda Fiscalía Penal de Motupe logró acreditar que dichos acusados acabaron con la vida de los tres comuneros.
Se determinó que la madrugada del 1 de octubre de 2016, los acusados y otras personas, provistos de armas de fuego de corto y largo alcance, ingresaron a un fundo con el fin de recuperar la posesión ilegítima de 2000 hectáreas de terreno, de las cuales fueron desalojados luego de cuatro intentos fallidos el 16 de junio de 2016.
Más implicados
En paralelo a ese proceso, la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada inició en el 2018 una pesquisa contra un total de 13 ciudadanos, entre ellos Jorge y Adán Cruzado y algunos de sus familiares.
Aunque en su momento se impuso una orden de prisión preventiva, esta finalizó el 25 de octubre pasado y a la fecha casi todos los denunciados se encuentran con libertad.
El 28 de octubre, el Cuarto Juzgado de Investigación dispuso la excarcelación, por vencimiento de plazo, a favor de Jeiner Cruzado Acarranza, Blanca Esmiria Alarcón Centurión, José Antonio Maluquis Pinedo, Casimiro Cruzado Carranza, Víctor Flores López, Elías Delgado Castro e Hipólito Cruzado Rafael.
Para mantenerse en libertad deberán cumplir reglas, como: no ausentarse de la localidad donde residen, informar cada 15 días sobre sus actividades al fiscal a cargo, prohibición de comunicarse con testigos y coimputados, asistir a las audiencias correspondientes y cancelar una caución económica de S/ 1 000.
Frente a la orden de liberación, la Fiscalía acordó presentar apelación contra la decisión de la jueza, Cecilia Grandez Rojas.
Este pedido será analizado por una sala superior en las próximas semanas.
Al término de una audiencia para ampliar el plazo de la prisión, la magistrada enfatizó que la Fiscalía no logró sustentar cuáles son las nuevas diligencias que necesita realizar.
Enfatizó que transcurrieron 3 años desde la formalización y que no se ha logrado alcanzar la acusación.
