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El suspendido gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, está en la mira de una acción de embargo por deuda tributaria.
La exautoridad registra un monto pendiente de S/ 13 mil 810, pues desde el año pasado no canceló los conceptos de impuesto predial, arbitrios públicos y serenazgo por un edificio ubicado en la calle Elías Aguirre 317, en pleno centro de Chiclayo.
Al haber concluido la fase ordinaria, lo siguiente para dicho contribuyente es la cobranza coactiva, la cual puede concretarse a través del embargo de cuentas bancarias e inscripciones de bienes, informó Segundo Humanchumo, del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCh).
Agregó que el Departamento de Cobranzas ya agotó la primera etapa. De acuerdo al D.S. 018-2008 Ley de Procedimiento Coactivo, los valores tributarios tienen que estar debidamente notificados para continuar con la cobranza coactiva.
Así el SATCh brindará un plazo de 7 días a Lozano para que cancele su deuda, pero si persiste en el incumplimiento, entonces la entidad procederá al embargo.
Como se recuerda, el exgobernador cumple arresto domiciliario a razón de una investigación de la Fiscalía por presunta corrupción.
De otro lado, Huamanchumo dijo que en base a la Ley de Procedimientos Coactivos, el ente recaudador viene actualizando la lista de deudas de diferentes años.
Aunque en otros casos han requerido el embargo de cuentas, los bancos no están respondiendo a las solicitudes, convirtiéndose en un tema que será revisado antes de fin de año.
Los principales adeudos corresponden a los años 2014, 2016, 2018, 2020 y 2021.
Pomalca
La Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. es otra muestra de las acciones que viene ejecutando el SATCh.
Dicha azucarera está sometida a un remate, a causa de una deuda por arbitrios e impuesto predial por la suma de S/ 1 millón 187 mil con la ciudad de Chiclayo.
Es por ese motivo que el próximo 29 de noviembre se realizará el remate del fundo Samán de 42 hectáreas de extensión.
Este terreno tiene un valor de hasta S/ 20 millones y su precio base es de S/ 13 millones.
Un caso similar es la empresa Roymar, dedicada a la venta de productos de primera necesidad. Este contribuyente adeuda S/ 10 mil, pero aún no llega a la etapa de cobranza coactiva.
“Hacemos un llamado para que las empresas busquen mecanismos de pago y regularicen su situación, a fin de evitar embargos y cobros coactivos”, sostuvo Huamanchumo.
