Lambayeque: Pucalá está en “manos ilegales”

El reciente asesinato de un obrero de la empresa Agropucalá muestra que la delincuencia sigue haciendo de las suyas en este distrito azucarero, en la región Lambayeque.

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Las autoridades ya investigan el crimen, pero el riesgo de muertes y nuevos enfrentamientos es latente.

Por ello, el Sindicato de Trabajadores de Agropucalá hizo un llamado para que el Poder Judicial y la Policía Nacional impongan el orden.

Ilegal

El abogado del Sindicato de Trabajadores, Richard Tirado Ventura, explicó que el reciente conflicto se origina en la negativa de un grupo, vinculado a la administración judicial saliente, para dejar las instalaciones.

“Se resisten a desocupar la empresa, ellos están en posesión y no tienen sustento legal”, anotó.

Pero no es el único factor que genera preocupación, pues la falta de pagos e inestabilidad laboral también moviliza a los trabajadores.

Desde las primeras horas del último martes, un grupo de obreros organizó un plantón en los exteriores de la azucarera, para demandar el pago de 58 quincenas atrasadas y el cese de los despidos.

Aunque todo ese día intentaron tomar las instalaciones, dicha acción tuvo un lamentable desenlace, ya que cuando caía la tarde unos sujetos comenzaron a disparar contra los manifestantes, con el resultado ya conocido.

Los agentes policiales de la Comisaría PNP de Pucalá poco pudieron hacer, pese a que esta dependencia se encuentra a unas cuadras de la fábrica.

A la fecha, se ha intervenido a diez sospechosos que se encontraban en los exteriores.

Sin respuesta

En este conflicto el aspecto judicial juega un rol determinante, y la inacción del sistema le puede costar la vida a un trabajador.

Aún está pendiente que la jueza del Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, Liz Fabián Palomino, resuelva en definitiva la cancelación de la administración judicial en Agropucalá.

Pero este tema bien pudo resolverse el año pasado, porque la Junta de Acreedores ha solicitado el proceso concursal para la empresa.

Hace unas semanas hubo un entrampamiento, debido a una resolución que emitió el Indecopi, pero eso ya se corrigió y hoy es la administradora concursal la que debe tener autoridad en Pucalá.

“Pero la juez Fabián hasta ahora no se pronuncia, no muestra el interés de resolver al asunto de fondo”, enfatizó Tirado.

Nuevamente se pude ver que el Poder Judicial y la Policía Nacional no cumplen cabalmente con sus roles y el conflicto se desborda.

“La juez tiene que retirar a la administración judicial de manera inmediata. Ellos solo tienen una inscripción registral y eso no les da derecho pleno. La designación judicial ya fue sustituida por la administración concursal y se ha pedido la cancelación de la administración judicial.

Vamos a ver cuánto tiempo se tomará la magistrada para pronunciarse”, manifestó el abogado.

La magistrada ha sido cuestionada, en más de una oportunidad, por su desempeño. A fines del mes de febrero de este año, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) comunicó que ha pedido la destitución del cargo contra Fabián.

Cabe señalar que las últimas administradoras judiciales fueron Paulina Ventura Zapata y Yolanda Pérez Arrascue. Ellas asumieron esa responsabilidad en el año 2019. Sin embargo desde entonces Agropucalá ha ido en declive y ello se ha evidenciado en la falta de pagos a los trabajadores, deudas y poca transparencia por las operaciones de venta de azúcar y caña; según testimonios de los propios azucareros.

Además se presume que el área de seguridad habría contratado hasta 100 sujetos para que realicen actividades de vigilancia y guardianía, portando armas de fuego. Lo sucedido horas atrás revela que hay quienes están dispuestos a accionar de manera delincuencial y fuera de la legalidad.

Muertes

Según los propios azucareros, son 29 las muertes que se han registrado en Agropucalá desde el año 2005 y todas ellas acontecidas por las disputas sobre el control del azúcar.

Esta dolorosa cifra no se ha traducido en justicia, pues hasta el día de hoy no existen personas condenadas por estos crímenes.

La Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque informó que se realizan las investigaciones y que estas se encuentran en manos de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Los deudos y familiares de Fernando Cruz Barboza Coronel, el último fallecido, solo esperan que las autoridades identifiquen a los presuntos responsables. Sin duda este conflicto también marcará la agenda en las elecciones municipales y regionales, porque involucra la seguridad ciudadana y el bienestar laboral de un grupo de lambayecanos.