En sus manos. O, al menos, así creían tener a 22 empresas de transporte los implicados en la presunta organización criminal “Los Temerarios del Crimen”, de acuerdo a la investigación seguida por la Fiscalía en torno a esta banda que habría sido encabezada por el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.
De acuerdo al requerimiento que permitió, el último jueves, la captura de 14 personas vinculadas a esta supuesta organización delictiva, “Los Temerarios” recibieron diversas sumas de dinero a cambio de otorgar permisos para paraderos de manera irregular, además de cobrar cupos para no hostigar a sus vehículos con operativos.
BAJO AMENAZA. De acuerdo al pedido de detención por 15 días que presentó la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Feccor) de Lambayeque, entre los años 2015 y 2016, David Cornejo habría dispuesto el cobro de cupos a empresas de transporte.
Para esto, según el Ministerio Público, el burgomaestre ordenó a su hermano Noé Cornejo Chinguel, también capturado, que los inspectores de la Gerencia de Tránsito y Transporte de la comuna realicen operativos contra las empresas “que no querían apoyar con unidades móviles y dinero en efectivo a la campaña política de este último (Noé Cornejo) cuando postulaba por una curul al Congreso de la República por el partido Alianza Para el Progreso”.
En esto también participaría Waldramina Charito Noemí Aguilar Cueva, con lo cual lograrían el pago de un cupo quincenal por parte de las empresas: “La Pradera”, “Cruz de la Esperanza”, “Ávila Morón”, “Empresa de Transportes Interprovincial América”, “Taxi Seguro”, “Taxi Latino”, “Taxi Vip” y otras en proceso de identificación.
El rol de Waldramina Aguilar Cueva, alias “Charito”, de acuerdo a la Feccor, habría sido el de brazo derecho de Noé Cornejo. Ella se habría encargado de transmitir las órdenes de Cornejo a los inspectores de tránsito de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) “para que realicen los operativos a las empresas de transporte que se negaban a colaborar económicamente en la campaña”.
Aguilar Cueva, según lo relatado por el testigo con clave de reserva FECOR-NEGRO-2018, entraría a laborar en el área de Tránsito de la MPCh, como secretaria de entrega de licencias, luego de haber apoyado durante la campaña de David Cornejo para llegar a la alcaldía. “Charito”, incluso, llevaría la contabilidad de las empresas que pagaban y de las que no en una agenda.
En un momento, se menciona que los pagos por esta modalidad llegaban a sumar hasta 100,000 soles de manera quincenal. Además, en junio del 2015, “Charito” habría desplazado a un grupo de inspectores para realizar operativos contra la empresa “Aproniano Carlos Eli SAC” por negarse a aportar para la campaña de Noé Cornejo, situación esta última que, según recoge la Fiscalía, cambiaría tras el hostigamiento.
Otras dos empresas que son mencionadas en este apartado son “Pizarro Express” y “Morache”, sobre las cuales se dice que tanto David Cornejo como otros funcionarios se habrían beneficiado con el cobro de cupos de 2 y 3 soles diarios por unidad, y S/ 500 mensuales por empresa.
PERMISOS. Más detallada es incluso la narración que la Feccor realiza sobre los cobros que habrían realizado “Los Temerarios” a cambio de otorgar permisos para paraderos a empresas de transporte.
Aquí se mencionan las siguientes empresas: “Texas”, “Viaje Seguro SAC”, “Fexticum Express”, “Unión y Progreso”, “Liza SAC”, “Santa Pascuala”, “Turismo Reque” y “Acunta”. La primera de ellas, que cubre la ruta Chiclayo-Pomalca, se menciona que pagó 60,000 soles, mientras que “Viaje Seguro SAC” habría cancelado 40,000 soles para obtener una resolución de funcionamiento y ampliación de flota vehicular a 25.
En líneas generales, los montos solicitados a estas empresas van desde los 30,000 hasta los 110,000 soles, esto último en el caso de la empresa de transportes “Acunta”, que cubre la ruta Chiclayo-Chota, la cual habría pagado para la emisión de una resolución de nuevo paradero por el lapso de seis meses, previa coordinación entre los detenidos Martín Guevara Rosado e Isaías Merino Chavesta, exgerente de Desarrollo Vial y Transportes de la MPCh.
Aunque con menos detalle, se refiere también que Merino Chavesta, entre enero del 2016 y octubre del 2017, “otorgaba permisos provisionales a través de proveídos, (...) los mismos que tenían un precio mensual”.
Se explica que, en este caso, se trató de las empresas “Monarca” (ruta Chiclayo-Tumán) y “Milagros de Monsefú” (ruta Chiclayo-Monsefú), y que el mencionado proveído tenía un costo de mil soles que “era cobrado por él mismo (Merino), evadiendo el pago formal en la municipalidad de Chiclayo, conforme lo indica el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos)”.
Otro presunto pago que se menciona es el que habría hecho la empresa “Reque Express”, teniendo también como intermediario a Martín Guevara Rosado. La Fiscalía sostiene que tanto esta firma como la ya mencionada “Turismo Reque” habrían obtenido su permiso para paradero pagando S/ 700 por unidad vehicular.
Por último, en el requerimiento fiscal, se hace alusión a la empresa “Grupo Lloclla SRL”. Una de las unidades de dicha firma, en abril del 2015, habría cometido una infracción, pero de acuerdo a la información recabada, “Charito” llamaría al supervisor de turno para pedirle que anule la respectiva papeleta ya que “el vehículo es de la empresa Group Lloclla SRL, que apoya al partido Alianza Para el Progreso”.
PUNTO DE VISTA. Al respecto, uno de los dirigentes que se pronunció fue Segundo García Sánchez, presidente de la Corporación de Taxis, quien dijo que le parecía una situación lamentable y un “retraso” para Chiclayo, además de representar una de las razones por las cuales no se ha ordenado el tránsito en la ciudad hasta la fecha.
“Para que haya corrupción tiene que haber uno que recibe y uno que ofrece, yo creo que lo ideal sería que se busque la manera de anular estas empresas”, acotó.