El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) ha elaborado en los últimos años casi 30 informes de auditoría, en los que incluye más de 100 recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad que dirige Humberto Acuña Peralta; sin embargo la mayoría aún no se cumplen.
Cada una de estas recomendaciones están detalladas en el último formato que el OCI emitió para su publicación en el portal web del gobierno regional, tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.S. N° 072 - 2003 - PCM).
PENDIENTES. Luego de hacer un seguimiento a las acciones adoptadas por Humberto Acuña y sus funcionarios respecto a los exámenes especiales y auditorías financieras del OCI, este determinó que aún se encuentran pendientes de ejecutar 33 recomendaciones, mientras que otras 36 están en proceso.
Por ejemplo, respecto al Informe N° 001 - 2016 denominado “Contrataciones exoneradas de procesos de selección en el Hospital Regional de Lambayeque (HRL)”, el OCI hizo 7 recomendaciones, pero ninguna ha sido cumplida.
“Disponer al director del HRL que se abstenga de emitir resoluciones que aprueban las contrataciones directas; además, se establezca en un documento normativo, los procedimientos y responsabilidades debidamente detallados que debe realizar el Hospital para la aprobación de las contrataciones directas”, es una de las recomendaciones.
Así también, respecto a la auditoría de cumplimiento (Informe N° 007 - 2016) a la obra “Creación del Paseo Yortuque en la avenida Chinchaysuyo”, el OCI hizo 7 recomendaciones, de las cuales 5 figuran como pendientes y 2 en proceso.
“Disponer a las áreas competentes, la emisión de lineamientos internos, que garanticen que la contratación de bienes y servicios para la ejecución de obras por administración directa se realice de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado; con énfasis en la prohibición de fraccionamiento; estableciendo, además, mecanismos de verificación, así como, de aplicación de sanciones...” dice el OCI.
EN PROCESO. Del mismo modo, respecto al Informe N° 009 - 2017 denominado “Procesos de contratación del servicio de mantenimiento rutinario de carreteras rurales de la Gerencia Regional de Transportes”, el OCI hizo dos recomendaciones que no han sido cumplidas.
“Que la Gerencia General Regional implemente una directiva que incluya la aplicación de mecanismos que garanticen la vigilancia de los pagos relacionados a las obligaciones contractuales, con la finalidad de evitar que se originen controversias producto del pago extemporáneo, con el riesgo de pago de intereses legales o la reversión del presupuesto al tesoro público”, precisa el OCI.
En los dos últimos casos, el OCI también recomendó que se ponga en conocimiento a la Procuraduría Pública Regional para que inicie acciones legales contra los funcionarios y servidores señalados en las auditorías; pero figura como “pendiente”.
También se emitió 5 recomendaciones en torno a la auditoría denominada “Verificación del cumplimiento del expediente técnico, contratos y convenios de servicio de maquinaria y transporte de materiales de la obra Mejoramiento de la carretera San José - Pimentel”; pero todas figuran “en proceso”.
“Incorporar un numeral a la Directiva N° 004 - 2016 - GR.LAM que establezca el procedimiento para el abastecimiento de combustible de los vehículos y maquinaria que laboran en obra, debiendo detallar en el parte diario el tipo de unidad, número de placa, kilometraje, galones asignados, labores a realizar, etc.” Incluso, también recomendó que establezca el “procedimiento a realizar para la preservación de los cuadernos de obras en los archivos de la entidad, debiendo incluir responsabilidades y sanciones...”
POSICIÓN. Sobre el particular, el consejero regional Raúl Valencia Medina, señaló que la Oficina de Control Institucional debería explicar si la mayoría de las recomendaciones de auditoría han sido incumplidas por falta de presupuesto o por falta de voluntad política.
El consejero resaltó que el GRL haya implementado más de 35 recomendaciones del OCI, pues en la mayoría de gobiernos regionales no se acatan debido a que los órganos de control dependen económica y administrativamente de la misma entidad.
“Se ha decidido que a partir del 1 de enero del próximo año las oficinas de control interno van a depender de la Contraloría, en otros términos, se rompe con el vicio que hoy en día existe en todo el país, porque la OCI va poder hacer su labor sin pedir permiso a nadie”, señaló.